La idea de que el transporte público puede gestionarse como si fuera una empresa más en Jalisco es, además de equivocada, profundamente discriminatoria. En el Área Metropolitana de Guadalajara, donde más de 330 rutas operan bajo la lógica de concesiones atomizadas, lo que prevalece no es la movilidad eficiente, sino la fragmentación del sistema y la exclusión de miles de personas que no viven donde el transporte “rinde”.
Pensar el transporte como negocio es confundir las reglas del capital, con las de los derechos sociales. Un sistema verdaderamente público no busca utilidades, sino garantizar la movilidad digna a la ciudad. Cuando se antepone la ganancia, las rutas menos rentables se abandonan, las tarifas suben y las periferias se desconectan. Hoy, el 39.9 % de la zona urbana del AMG sufre algún nivel de insuficiencia en el servicio.
Las cifras lo confirman, pues en 2011, el 69 % de la población usaba transporte público; en 2024, solo el 44 %. En contraste, el uso del automóvil crece, empujado por la ineficiencia del sistema pésimo, que no termina de deteriorarse. El gobierno, lejos de asumir el control del sistema, ha optado por transferir recursos públicos a operadores privados, sin exigir transparencia ni mejoras verificables. Para 2026, se prevé un subsidio de más de ¡1,200 millones de pesos! Dinero público supuestamente destinado a contener las tarifas. No obstante, persisten las fallas técnicas, las deficiencias en la infraestructura, los tiempos excesivos de espera y la falta de cobertura en zonas vulnerables
Un sistema financiado con dinero público, pero operado como negocio privado, no es un transporte público. Es una concesión disfrazada de derecho. Se subsidian tarifas, sí, pero sin condiciones claras, sin indicadores de mejora, sin control del gobierno. Y cuando falla, como ocurrió en el paro del 15 de julio o con las constantes interrupciones del Tren Ligero, el costo lo pagan los de siempre, los quienes menos tienen.
La movilidad no debe ser tratada como una mercancía. Así como el acceso a la salud o la educación no puede depender del ingreso individual, el transporte público tampoco puede reducirse a una ecuación financiera. No es un lujo, ni un favor. El transporte sostiene la vida diaria de la ciudad.