Atestiguamos un síntoma del fin del multilateralismo clásico y de la tentación de sustituir reglas compartidas por liderazgos personalizados. El aval formal a la “Junta de Paz” propuesta por Trump al Consejo de Seguridad de la ONU, mediante la resolución 2803, no disipa la pregunta central sobre legitimidad. La desplaza.
El diseño de este órgano resulta revelador. Se presenta como una administración de transición con personalidad jurídica internacional para Gaza, pero rápidamente amplía su mandato a la resolución de conflictos en todo el mundo. No se trata de una misión específica ni de un arreglo excepcional. Es la creación de un centro de poder paralelo que imita funciones históricas de Naciones Unidas, sin reproducir sus contrapesos, sus procedimientos ni su lógica de igualdad soberana entre naciones.
La “Junta” concentra el poder decisorio en una sola figura que preside a título personal, define admisiones, exclusiones y sucesión, y condiciona la pertenencia al pago de cuotas multimillonarias. La paz deja de ser un bien público global para convertirse en un servicio “Premium”. Quien paga se sienta. Quien no, observa.
Que Rusia y China se abstengan en el “Consejo de Seguridad” y valoren su eventual incorporación, no es un respaldo al modelo, sino una jugada táctica. Ambos entienden que desde dentro pueden limitar daños o preservar influencia. Su defensa retórica del multilateralismo no es altruista. Responde a la conveniencia de un sistema donde el veto sigue siendo una herramienta de poder.
La propia ONU ha intentado minimizar la tensión, pero el impacto es evidente. Si los Estados canalizan recursos, legitimidad y atención política hacia un órgano externo, la organización se debilita no por ineficiencia interna, sino por desintermediación deliberada. La retirada de Estados Unidos de decenas de organismos internacionales y la posible desviación de fondos profundizan esa erosión.
La Junta de Paz no compite con la ONU por eficacia. Compite por sentido. Propone un orden internacional moldeado a la voluntad, donde el consenso se compra y la legalidad se acomoda. El riesgo no es solo que funcione mal. Es que funcione demasiado bien para quienes creen que el mundo puede gobernarse sin reglas comunes, pero con chequera y poder de presión.