Sobre la obviedad de que todo gobernante tiene que conciliar entre distintos intereses, nos debería interesar las formas de hacerlo y los resultados. Contrario a lo que muchos esperaban a inicio del sexenio, el presidente ha apostado por un fuerte acercamiento con el empresariado, aunque con matices, reviviendo un poco la política ausente de los sexenios pasados.
Primero, se pueden identificar empresarios que se han mantenido cercanos al presidente y que además han recibido varios beneficios, particularmente algunos que pesan en la comunicación como Carlos Slim y Salinas Pliego (a quien el SAT ya le ha ventilado sus adeudos millonarios y su negativa a pagarlos), integrantes de su Consejo Asesor Empresarial. Del lado contrario están los que se han opuesto sistemáticamente a toda acción de gobierno y han incursionado en la política partidaria (casi reivindicando la lucha de clases: más empresarios en la política, ¿qué puede salir mal?), visiblemente Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walther.
Más interesante y explicativo es lo que está en medio: los empresarios a quienes el presidente les ha abierto y cerrado la puerta de acuerdo con la coyuntura. Es el caso de Carlos Salazar Lomelín, líder del Consejo Coordinador Empresarial. Su nombramiento coincidió con el inicio del gobierno, y tuvo siempre disposición a conciliar entre un presidente arrojado en sus comentarios y los empresarios locales, cuyas fantasías los hacen hablar todavía de la instauración del comunismo en México. A finales de 2019, Salazar se jactaba de las reiteradas y repetidas ocasiones en que había tenido oportunidad de platicar con el presidente, con quien se sentía muy agradecido por mantener las puertas abiertas. Sin embargo, con la pandemia todo cambió. Como la mayoría de los grandes empresarios, Salazar esperaba que el gobierno adoptara su propuesta económica, pero el presidente no sólo le cerró la puerta, sino que el SAT intensificó la recaudación a grandes deudores.
El distanciamiento se acrecentó al punto de que no fue requerido a la visita presidencial a Estados Unidos, a pesar de que él fue quien negoció varios asuntos del T-MEC. Sin embargo, un par de semanas después, Carlos Salazar reapareció en la conferencia matutina, cuando el presidente aceptó de manera íntegra la reforma pensional propuesta por el CCE y volvería a estarlo un par de meses después con el anuncio del plan de reactivación económica. Ahora con la eliminación del outsourcing, se pierde nuevamente la posición del CCE —y de quienes la defendieron en el senado sin decirlo—. El presidente acerca y aleja según su cálculo. Hace política. Activa o desactiva a Alfonso Romo y Ricardo Monreal, quienes acercan a palacio ciertos empresarios, negocian y apaciguan ánimos.
Sobre estos vaivenes hay varias cosas que decir. La primera es que, de la mayoría de los empresarios, el presidente sólo espera dos cosas, que inviertan y que paguen sus impuestos. En lo primero, se ha quedado a deber. En lo segundo, destaca la importante labor que Raquel Buenrostro ha realizado al frente del SAT: de enero a octubre se recaudó más del doble que el año pasado.
Lo segundo es que parece que en las distintas modificaciones al mundo laboral (como la gran reforma laboral, los salarios mínimos, la reforma al sistema de pensiones) sólo figura el gobierno, los grandes empresarios y la CTM. Resulta penoso que, en distintos actos, el sector de los trabajadores sigue siendo “representado” por la CTM y por Carlos Aceves del Olmo. El hecho no es menor si tenemos en cuenta que, por años, estas grandes organizaciones son los que han perpetuado los sindicatos de protección patronal, los registros fantasmas y por lo tanto una negociación colectiva plagada de simulaciones y control político. ¿Cómo se han conciliado estos intereses con la nueva reforma laboral que alienta precisamente lo contrario?
La voz de la gran mayoría de los trabajadores organizados poco se ha escuchado. Frente al fuerte descredito del sindicalismo y su poca organización y movilización, los empresarios son casi todo: oposición, consejo asesor, negociadores, poder de veto, un peso sin contrapeso contra un gobierno que pide apenas lo mínimo.