El pasado domingo 28 de julio el pueblo venezolano acudió a las urnas para elegir a su próximo presidente. Una semana después, la incertidumbre sobre el resultado es total. Hay dos comunicados del Consejo Nacional Electoral que le otorgan el triunfo al presidente Nicolás Maduro, quien está en busca de su tercer mandato consecutivo. Hasta el momento, sin embargo, no hay ninguna evidencia que soporte o confirme este resultado. Peor aún, las cifras agregadas que se mencionaron en el primer comunicado del Consejo parecían estar maquilladas: los resultados producían porcentajes tan perfectos que eran completamente inverosímiles. La oposición, por su parte, ha hecho públicos los resultados de cuatro quintas parte de las actas electorales. Sus resultados parecen confirmar un amplio triunfo del candidato opositor, Edmundo González. Si las actas difundidas fueran falsas, uno pensaría que sería relativamente fácil para el gobierno descalificarlas y mostrar las correctas. Por alguna razón, esto no ha ocurrido, lo que otorga mayor credibilidad a las cifras de la oposición.
En este contexto tan complejo, resulta interesante observar las reacciones de otros países a lo que sucede en Venezuela. A diferencia de lo ocurrido en 2019 con Guaidó, ahora nadie se ha apresurado a declarar presidente o reconocer al candidato opositor. El país más vocal ha sido Estados Unidos, quien ha dicho que “es claro” que ganó Edmundo González y que debería iniciarse una transición pacífica del poder. A pesar de eso, evitó llamarlo presidente u otorgar algún tipo de reconocimiento oficial. El propio Estados Unidos, junto con otros países de la región, impulsó una resolución de la Organización de Estados Americanos en la que se conminaba a Venezuela a publicar en forma inmediata los resultados electorales. Aunque la propuesta tuvo 17 votos a favor, le faltó un voto para su aprobación. México no asistió a esa sesión, mientras que Colombia y Brasil se abstuvieron. A cambio, estos tres países optaron por emitir un comunicado conjunto en el que piden celeridad y transparencia en los resultados electorales, sin que esto implique una exigencia ni reconocer el triunfo de uno u otro aspirante. También han solicitado que las controversias sean dirimidas por la vía institucional, que los actores políticos actúen con cautela, que eviten una escalada de violencia y manifiestan su disposición a contribuir al diálogo y a la búsqueda de acuerdos. Esta actitud es congruente, democrática y respetuosa, además de que abre las puertas para una eventual transición política ordenada y responsable.
Dado el tiempo transcurrido, a estas alturas es poco probable que el oficialismo sea capaz de presentar evidencia que demuestre el triunfo de Maduro. Si así hubiera ocurrido, resultaría inexplicable la tardanza en demostrarlo. Por ello, Venezuela se encuentra en una encrucijada: o Maduro reconoce su derrota y da paso a una transición pacífica del poder o se aferra a la presidencia, concreta el fraude y se atrinchera con el apoyo de las fuerzas armadas. Esto último, por supuesto, implicaría tomar una ruta completamente carente de legitimidad, lo que abriría la puerta a un conflicto social mayúsculo de consecuencias inimaginables.