El Banco de México anunció el jueves pasado una reducción de un cuarto de punto en su tasa de interés objetivo (de 11 por ciento a 10.75 por ciento). Para algunos, esta decisión fue sorpresiva (o incluso equivocada) considerando que en días recientes había mucha volatilidad en los mercados y, sobre todo, a la luz de la tendencia ascendente de la inflación, la cual pasó de 4.42 por ciento en marzo a 5.57 por ciento en julio.
La decisión del Banco ha sido sujeta de muchas críticas, algunas de ellas válidas y otras no tanto. No voy a entrar a discutir si la decisión fue correcta o no. Más bien, me interesa señalar que algunos ataques a la decisión son completamente injustificados. Debe entenderse que las decisiones de política monetaria son complejas por naturaleza, ya que se debe analizar una amplia gama de variables económicas, el entorno económico local y global, así como las expectativas sobre diversas variables en el futuro. No es, por tanto, una decisión sencilla.
En este contexto, algunas críticas pueden ser bien intencionadas e incluso bien justificadas. Por ejemplo, algunos analistas señalan que no era el momento para hacer la reducción, otros señalan que el Banco ya se había tardado; otros más apuntan a problemas en la comunicación institucional. Todas estas críticas son válidas y se pueden debatir. Sin embargo, junto a estas críticas hubo otras que señalaban que el Banco estaba renunciando a cumplir con su mandato constitucional o que había cedido frente a las presiones del gobierno. Creo que este tipo de críticas son completamente injustificadas.
Tan no era sencilla la decisión, que incluso los analistas estaban divididos sobre qué esperar. Hasta antes del lunes, la mayoría de ellos esperaba que las tasas bajaran. Después de la volatilidad del inicio de semana, el balance cambió y ahora la mayoría anticipaba que la tasa no se modificaría. La situación era tan compleja que un analista concluyó que “no van a bajar la tasa, pero deberían”. En resumen, el sentido de la decisión no era evidente, por lo que no se puede concluir tajantemente que hubo un abandono del compromiso constitucional. Había elementos tanto para reducir la tasa como para mantenerla.
Por otro lado, en mi experiencia de cuatro años como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, jamás hubo ningún tipo de presión. Me consta que todos los miembros de la Junta toman sus decisiones de manera independiente y autónoma. Por otro lado, el Banco es una institución que está sujeta a un intenso escrutinio público y que, en respuesta a ello, ha optado por ser más transparente y por fortalecer la rendición de cuentas. En ese sentido, y a diferencia de otro tipo de decisiones, los miembros de la Junta no solo deben hacer público el sentido de su voto, sino que además deben justificarlo, por lo que deben escribir un posicionamiento que eventualmente es público. No es, pues, una decisión arbitraria o caprichosa, ni que responda a posiciones políticas predeterminadas.
En un momento en el que las instituciones autónomas están bajo asedio, flaco favor se le hace al Banco de México al sugerir que está siendo capturado. En lugar de debilitarlo con críticas injustificadas, debemos seguir fortaleciéndolo y reconociendo la importancia de su trabajo como un garante y un pilar de la estabilidad económica del país.