M+.- Hay una expresión popular que señala que en política sólo se comete un error y que todo lo demás son consecuencias. Eso es justo lo que parece haber ocurrido en el caso del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El error fue no haber procedido con una amplia y detallada investigación de lo ocurrido en Culiacán el 25 de julio de 2024.
Ese día, como se recordará, ocurrieron dos hechos importantes que pretendieron presentarse como independientes: por un lado, dos líderes de facciones distintas del crimen organizado en Sinaloa, Joaquín Guzmán López (hijo del Chapo Guzmán) e Ismael Mayo Zambada, despegaron de un aeropuerto en Sinaloa y aterrizaron en El Paso, Texas, en donde ya eran esperados por autoridades estadunidenses; por el otro, ese mismo día se informó del asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Héctor Melesio Cuén, en un supuesto intento de robo en una gasolinara.
Más tarde se conocería de la conexión entre ambos eventos por una carta del Mayo Zambada, quien relató que había sido engañado y llevado contra su voluntad a Estados Unidos, que él había sido convocado a una reunión en la que participaría el otro hijo del Chapo Guzmán, Iván Archivaldo, el gobernador Rocha y el exrector Cuén. El Mayo contó que el objetivo de la reunión era mediar en el conflicto entre Cuén y Rocha por el control de la universidad estatal y que en dicho lugar había sido asesinado Cuén. En respuesta a dicha carta, la fiscalía estatal de Sinaloa difundió un video en donde se mostraba el momento del supuesto asesinato de Cuén en una gasolinara. Más tarde, la Fiscalía General de la República atrajo el caso y demostró que el video era un montaje y que en realidad Cuén había sido asesinado en el lugar indicado por El Mayo, lo que terminó costándole el puesto a la fiscal estatal.
El gobernador Rocha, por su parte, tenía una coartada inverosímil: según él, ese mismo día había viajado por razones familiares en un avión privado a Estados Unidos, algo que nunca fue demostrado fehacientemente. Esa rara excusa, más la revelación del Mayo de que había sido convocado a una reunión con el gobernador, así como el intento de montaje de la fiscalía estatal, debió haber sido motivo más que suficiente para realizar una investigación profunda de lo ocurrido ese fatídico día. Sin embargo, por alguna razón desconocida, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, detuvo las investigaciones. Nunca más se informó del caso ni hubo detenciones posteriores. El gobernador, sorprendentemente, nunca fue investigado.
Hoy, dicha omisión se vuelve contra el gobierno y contra el país en su conjunto. Se abrió la puerta de par en par que permitió la intervención foránea en temas que debieron haber sido atendidos internamente. Ya no tiene sentido argumentar que se va a abrir una investigación interna sobre Rocha, cuando esta no se realizó en su momento, a pesar de que había indicios suficientes para hacerlo. Ya es demasiado tarde. Envolverse en el lábaro patrio ante la intervención estadunidense es una forma de justificar la ineptitud oficial. Lo que queda es cooperar y comenzar a enmendar las omisiones del pasado.