La propuesta de reforma judicial me recuerda a la historia del individuo que busca sus llaves en el área iluminada por un farol. Un policía lo ve y le ayuda a buscarlas; después de varios minutos de no poder encontrarlas el policía le pregunta a la persona si está seguro de que se le cayeron las llaves en esa zona, a lo que el individuo responde: no, se me cayeron del otro lado de la calle, pero aquí hay más luz.
Así es, la propuesta de reforma judicial busca las llaves en un lugar distinto al que se nos cayeron. Nadie duda que el Poder Judicial necesita una reforma, una auténtica sacudida, pero no estoy seguro de que la elección abierta de ministros, jueces y magistrados sea la salida al problema que tenemos. En un país como el nuestro, en donde la impartición de justicia ha sido un problema histórico, especialmente para los más pobres, no es claro que el problema fundamental radique en el mecanismo de designación o aprobación de
los jueces.
De hecho, un proceso de elección abierta quizá incluso agrave los problemas, si es que esto se termina traduciendo en una menor independencia del Poder Judicial frente a los poderes fácticos o, como también podría ocurrir, frente a los poderes Ejecutivos (tanto locales como el federal). Ya la semana pasada observamos a diversas fiscalías estatales, supuestamente autónomas, actuar políticamente, ya sea para perseguir a algún adversario político o bien para desvirtuar una investigación. Imaginemos por un momento que a este control extralegal de parte de los Ejecutivos se le añadiera el control o una influencia desmedida sobre jueces y magistrados. Evidentemente, la imparcialidad en las decisiones judiciales se acabaría. Es cierto que algo de esto ya ocurre ahora, pero esta situación podría acentuarse.
En los mercados y en el sector privado existe una enorme preocupación por el rumbo que pueda tomar la reforma judicial. De las decisiones que toma el Poder Judicial dependen numerosas inversiones y, por tanto, la creación de múltiples fuentes de empleo. Por ende, una reforma que reduzca la independencia del Poder Judicial podría tener un efecto negativo adicional en la de por sí raquítica inversión productiva.
Debemos recordar que el país tiene un evidente problema de falta de crecimiento económico: desde 1982 no logramos crecer por encima de 2% por año en forma sostenida. Este problema se explica, fundamentalmente, por los bajos niveles de inversión (pública y privada) que tenemos en el país. Esta tendencia no ha cambiado ni con el arribo del PAN a la presidencia en el 2000, ni con el regreso del PRI en 2012, ni con la llegada al poder de Morena en 2018. De hecho, debe tenerse presente que el crecimiento del PIB per cápita durante la actual administración será prácticamente nulo. Además, cerraremos el sexenio con una clara desaceleración (con un crecimiento en 2024 de alrededor de 1.5%) y que los primeros años de un nuevo gobierno se caracterizan por un lento crecimiento. Así, una reforma judicial mal encaminada podría ser la vía más segura para continuar por una senda de crecimiento mediocre. Un camino que ya hemos recorrido durante más de cuatro décadas.