El Congreso recibió la semana pasada una iniciativa presidencial en la que se proponen algunos ajustes y modificaciones a la reforma judicial. Esta propuesta es el reconocimiento explícito de que hubo errores de diseño en la reforma original. La nueva reforma, sin embargo, se queda corta y repite o acentúa algunos problemas de la reforma original.
Partamos por el principio: la reforma judicial en realidad fue perjudicial. Afectó de manera significativa la confianza del sector privado sobre un aspecto crucial para invertir en el país: la certeza jurídica. Es cierto que el sistema legal no funcionaba bien, pero esa no era la reforma que necesitábamos. Como escribí en su momento, buscamos las llaves perdidas donde había luz, no donde se nos habían caído (“El farol y la reforma judicial”, 19/08/24).
El problema era y es la potencial pérdida de independencia del Poder Judicial en la toma de decisiones. Elegir a jueces y magistrados por votación directa se presta a la intervención de autoridades y partidos políticos, especialmente si el proceso coincide con otras elecciones. La nueva propuesta intenta corregir este problema para la elección prevista en 2027, la cual ahora se posterga para 2028, pero no hace lo mismo para los años subsecuentes, en los que sí habría elecciones concurrentes con las de otros poderes. Peor aún, la nueva fecha propuesta (2028) coincidiría con la votación de la revocación de mandato, lo que contribuiría a empañar el proceso.
Ahora bien, el daño está hecho. No es casualidad que a partir del momento en que se supo que la coalición gobernante tendría los votos suficientes para aprobar las reformas constitucionales, la inversión y el clima de negocios comenzaron a deteriorarse. Llevamos ya 18 meses consecutivos de caída en la inversión a tasa anual. El punto más alto de la inversión total se alcanzó en julio de 2024. De entonces a febrero de 2026, la caída es ya cercana a 11 por ciento. La caída en inversión en maquinaria y equipo es aún más pronunciada, ya que esta ha disminuido en poco más de 16 por ciento de agosto de 2024 a la fecha. Sus efectos en el crecimiento son evidentes: en 2025 sólo crecimos 0.5 por ciento y la expectativa para 2026 pronto va a rondar el uno por ciento. También puede afectar el crecimiento futuro, al generar una merma en el acervo de capital productivo del país.
La razón por la que la inversión comenzó a caer incluso antes de que ocurriera la reforma fue porque se preveía que no habría capacidad de autocontención en la coalición triunfadora. Lo vivimos entonces y lo seguimos viviendo ahora con la propuesta de anular elecciones en caso de una eventual intervención extranjera. ¿Por qué se consideró que esto era necesario justo ahora? A saber, pero la ambigüedad de la iniciativa dará pie a todo tipo de debates y especulaciones. Algunos lo considerarán como algo indispensable dados los afanes intervencionistas del presidente Trump. Para otros, sin embargo, será una señal de querer aferrarse al poder a toda costa. Por qué abrir esta discusión en un contexto tan delicado como el actual es algo que no termino de entender. Urge más capacidad de autocontención y menos de autodestrucción.