En octubre de 2021, el presidente López Obrador anunció la regularización de los autos importados no registrados, mejor conocidos como autos chocolate. Para ello, el presidente emitió un acuerdo en el que instruyó a diversas secretarías de Estado para que elaboraran un programa de regularización de esos vehículos en siete estados del norte del país. La justificación del programa era la de contribuir a la seguridad jurídica de los propietarios, pero también para reducir la inseguridad pública, ya que se argumentaba que así se reduciría la potencial comisión de delitos por parte de los usuarios de ese tipo de automóviles.
El programa se concretó en un decreto presidencial que se publicó en enero de 2022, en el cual se estimaba que había cerca de 2 millones de vehículos importados en situación irregular en todo el país, y que el grueso de estos se ubicaba en 10 entidades del país. Por ello, el programa se amplió para incluir a Durango, Michoacán y Nayarit. Posteriormente, el decreto fue ratificado y expandido en diversas ocasiones hasta llegar a incluir a 16 entidades federativas. La última extensión del decreto fue publicada el 26 de septiembre de 2024, a solo 4 días del término de la gestión de López Obrador. Sorprendentemente, la extensión anunciada era hasta el 31 de diciembre de 2026, más de dos años después del inicio de la siguiente administración.
Es probable que los casi cuatro años de vigencia del decreto mencionado hayan causado un daño importante al sector automotriz nacional, al reducir la demanda por autos nuevos y seminuevos en buena parte del país por un periodo prolongado. De hecho, la semana pasada se dieron a conocer las cifras de ventas de vehículos ligeros en el país en 2025 y, aunque las cifras mostraron un ligero crecimiento con respecto a 2024 (1.4 por ciento), las ventas domésticas aún se encuentran 5 por ciento por debajo de su punto más alto, el cual se logró en 2016, es decir, hace prácticamente una década.
Afortunadamente, el último día de 2025 la presidenta Sheinbaum anunció la abrogación del decreto de regularización de los autos chocolate. En dicho anuncio se informó que durante el periodo de vigencia del decreto se habían regularizado cerca de 3 millones de automóviles. Esta cifra, muy por encima de los 2 millones estimados en 2022 (y no todos ellos elegibles para la regularización), parecería confirmar las sospechas de irregularidades y omisiones que habían sido largamente denunciadas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
La cancelación del decreto debe ser vista como algo positivo por al menos tres razones. Primero, porque ofrece un muy necesario respiro al sector automotriz (productores y comercializadores), lo cual podría tener efectos favorables en el desarrollo del sector en los meses venideros. Segundo, porque cierra la puerta a la corrupción y otros delitos asociados al proceso de regularización. Tercero, porque es una señal de independencia muy contundente de la presidenta Sheinbaum al haber abrogado un decreto (y una mala política) que se entrometía indebidamente en el periodo de su gestión presidencial. Enhorabuena por todo ello.