Transparencia y competencia: pilares fundamentales de las compras públicas

Columna de Giuseppe Mancinelli

Giuseppe Mancinelli

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En México, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), presentada por el INEGI, la corrupción tuvo un costo de $9,500 millones de pesos en 2021, un estimado por persona de $3,044 pesos.

La falta de transparencia tiene un efecto dominó negativo en diversos sectores prioritarios, como la salud, educación, movilidad, economía, seguridad y vivienda, entre otras, pues la falta de rendición de cuentas e integridad puede implicar un costo económico que derivará en sacrificar proyectos en beneficio de la población.

La eficiencia en el gasto público que permita el acceso equitativo de la población a servicios y que, además, impulse ahorros, innovación, transparencia y competencia debe ser un objetivo en el uso de los recursos públicos.

La competencia abierta es otro de los antídotos para contrarrestar este mal, pues la corrupción no sólo afecta la confianza de la población hacia las autoridades, sino que también mina la participación del sector privado, al punto de desincentivar su participación en procesos de adquisición pública, lo que se puede traducir en sobrecostos, baja eficiencia del gasto público y, en el peor de los casos, actividades ilícitas, que entorpecen la atención a grupos o servicios prioritarios.

Desde la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), colaboramos con diversos gobiernos en América Latina y El Caribe para lograr compras públicas eficientes, eficaces y con transparencia, bajo la perspectiva de una Gestión Pública Justa y Equitativa (GPJE), mediante procesos de adquisiciones sostenibles, que se traducen en mayores beneficios, y ahorros con la mejor calidad.

Esta tarea, se vuelve más relevante e implica un reto mayor en la coyuntura actual, donde la COVID-19 ha generado una presión mayor en la economía de los países, pues se ha afectado a nivel mundial cadenas de suministro, aumentado precios y puesto mayor presión sobre los sistemas de salud. En este marco, la competencia abierta se convierte en una herramienta clave para mejorar la eficiencia y rentabilidad del gasto público.

En su más reciente estudio sobre el panorama económico en México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce que la pandemia por COVID-19, así como el aumento de la pobreza y la vulnerabilidad social que ha provocado, son una señal de la necesidad de seguir reforzando el sistema de protección social en la salud y de hacerlo más eficiente.

A través de la GPJE y compartiendo los principios internacionales de compras públicas: eficacia y eficiencia en el gasto público, integridad y transparencia, los gobiernos han logrado ahorros por miles de millones de pesos.

Cada peso cuenta y puede hacer la diferencia para la población. Por ejemplo, recientemente, iniciamos un proceso de colaboración con la Secretaría de la Función Pública, para capacitar a decenas de servidores públicos en materia de buenas prácticas internacionales en adquisiciones públicas, lo que permitirá fortalecer sus capacidades institucionales.

Las soluciones a estos problemas como la falta de transparencia, sobrecostos, y corrupción, requieren la unión de esfuerzos de múltiples actores. Para ello, los Gobiernos tienen en la GPJE una herramienta excepcional que permite adquisiciones públicas transparentes e íntegras que generan confianza en la ciudadanía.

En un entorno con mayor competencia, se aprovecha de manera óptima la sinergia que existe entre sector privado y público para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, y con ello la posibilidad de seguir multiplicando los beneficios para las personas más vulnerables en esta y futuras generaciones.

Por: Giuseppe Mancinelli*

* Director Regional Adjunto para América Latina y Representante en México de UNOPS, contribución a título personal, no compromete a la UNOPS y a la ONU.

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