Libre, y para mí sagrado

Dentro de los principios más fundamentales de lo que se conoce como el “ideario juarista”, se encuentra el derecho de pensar. En palabras del propio Juárez:“libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar... La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos”. Ya que, para bien o para mal, Juárez es uno de los próceres que nuestra vida pública nunca deja descansar, utilizado a discreción como referente ideológico de los planes de gobierno, vale la pena analizar esta tan recurrida frase de nuestro benemérito, en particular por las recientes discusiones en torno a la autonomía universitaria y las denuncias del “aburguesamiento” de nuestra máxima casa de estudios.

La mayoría de sus estudiosos podrían coincidir en que, para Juárez, el derecho de pensar no sólo se refiere a una de las más importantes facultades humanas para discernir nuestra existencia en el universo; también se concibe como institución pública, tan necesaria como la seguridad y la libertad para el desarrollo del pueblo, la constitución y la propia continuidad del Estado. Es decir, desde la óptica juarista, no podría haber Estado, ni nación, ni país, si no existiesen personas que piensen, que contrasten ideas, que cultiven el conocimiento y cuando sea necesario, denuncien las arbitrariedades y malestares que resultan, entre otras cosas, de la ignorancia, del fanatismo o la superstición. ¿Por qué? Porque el libre pensamiento es un instrumento clave para desenmascarar la corrupción en la vida pública y privada, la opacidad, la injusticia, la falsedad y la hipocresía que afectan nuestro entendimiento social. ¿Cómo instaurarla? El mismo Juárez lo dice: a través de la educación. Por eso, entre otras razones, los mexicanos hemos elevado a rango constitucional los principios bajo los cuales la educación debe materializarse en nuestro país. Sin embargo, ante los efectos que pudiera tener la reciente discusión pública, quisiera destacar dos contenidos normativos sobre la educación pública, incluyendo la educación universitaria, que me parecen fundamentales. El primero, es quela educación debe ser universal, es decir, libre de ideologías que sometan el pensamiento a funciones sectarias o de interés político; la segunda, es que a las universidades que las leyes les otorguen autonomía tendrán las facultades de gobernarse a sí mismas, respetando la libertad de cátedra. Gobernarse significa que en los términos que la ley disponga, cada universidad autónoma tenga la facultad de establecer su forma de organización y planes de estudio, sin intromisión del Estado.

Visto de este modo, cualquier funcionario que se tome en serio la Constitución como norma, recalcularía sus intenciones al pensar que cualquier intromisión en la autonomía universitaria -por más sutil que parezca- es también, un atentando en contra de nuestro orden constitucional.