En las últimas semanas he tenido que viajar por varias ciudades del país. Cada una tiene sus particularidades y sus retos, Guadalajara no es ajena a ellos pero bien merecería una comparación.
Sí, entiendo que mal de muchos consuelo de tontos, pero el país pasa por una severa crisis de infraestructura y movilidad que parece no tiene remedio.
No sólo por la imposibilidad de transitar por las carreteras y autopistas, abandonadas a la suerte del automovilista y la ruleta de casa ya sea en los interminables baches que tapizan el camino o en las redes del crimen organizado que controlan el tránsito en cualquier dirección. El estado de la carpeta asfáltica en cualquier parte del país es de vergüenza con las excepciones de municipios donde MORENA no ha pisado los palacios de gobierno.
San Pedro Garza García es un ejemplo. Cierto, es el ayuntamiento más rico del país, pero la inversión de los impuestos está presente en comparación a lo que sucede con Monterrey o San Nicolás de los Garza.
Torreón es otro ejemplo que contrasta con Lerdo o Gómez Palacio –ejes de eso que se conoce como La Laguna– y Querétaro capital intenta recuperar terreno ante el enojo ciudadano de las obras en Bernardo Quintana.
Dejemos a un lado la capital, donde el monstruo no encuentra salida ante las enormes necesidades de un cúmulo de personas que piden todo y se han acostumbrado y normalizado el caos como lo cotidiano.
Y así, llegamos a Guadalajara.
La polémica actual se centra en las obras metropolitanas de remozamiento de la Plaza de la Liberación y la Glorieta de la Minerva, además del aumento al transporte público.
Las voces en contra del ajuste tarifario se han multiplicado, tanto de usuarios inconformes ante la nula mejora en décadas de camiones privados –modelo que no lograron extirpar Aristóteles o Alfaro– como de la implementación de una tarjeta para subsidiar el aumento a partir de la afiliación, método que de hecho se usó en otras ciudades del mundo en similares modelos décadas atrás.
En el río revuelto, aparecen las voces que no buscan la solución sino el enrarecimiento. Legisladores y miembros del partido que controla el presupuesto federal claman por sangre pero no mueven un dedo para aumentar estímulos y subsidios donde pueden moverlo para ayudar a la población. Tienen el control de la comisión de presupuesto en la Cámara de Diputados, podrían pugnar por hacer realidad lo que gritan en las calles pero sólo se quedan en el discurso. El objetivo no es ayudar al ciudadano, es cercenar las posibilidades de que el aumento tarifario llegue a buen puerto o con el mínimo costo electoral a Movimiento Ciudadano.
Es válido, es lo que haría cualquier partido político que desea llegar al poder estatal. Lo es también clamar por el costo del remozamiento de dos de los iconos metropolitanos.
La labor del periodismo es preguntar y comparar, revisar si el aumento al transporte es acorde a los costos reales en comparación a otras ciudades del país y si acaso la federación no podría ayudar de formas diferentes.
Pero ese periodismo está ausente en la discusión. Existe el otro, el militante, que no busca el bien general sino su beneficio personal y de grupo.
Increíble que en estos tiempos deba uno alertar sobre ello cuando parece tan evidente. Increíble que piensen que no son tan obvios.
Veremos más de ello de aquí a abril. Es labor de quienes creemos en la imparcialidad –cosa casi imposible– dar elementos a la población para tomar mejores decisiones y, sí, evidenciar a quienes no ven por ellos sino por su beneficio.
Ya saben quiénes son.