MORENA no aprende ni siquiera en cabeza ajena. Hace apenas una semana, la división Jalisco del partido dominante a nivel nacional intentó defender a un alcalde coludido con el narcotráfico. La respuesta pública fue y es de rechazo brutal: nadie compra la historia que Diego Rivera intentaba regularizar los pagos de impuestos de los millonarios productores de tequila en la región, todos sabían que la extorsión era el pan nuestro de la ciudadanía en su conjunto, desde el paletero hasta el potentado debía pasar por la báscula del pillo pues, de no hacerlo, había dos caminos a escoger entre la cárcel o la desaparición a manos del narco.
Tequila era un reflejo de lo que pasa en decenas de municipios del país. Del pacífico a la península algo se descompuso desde 2018.
Cierto, los acuerdos con el narcotráfico han marcado a alcaldes, legisladores y gobierno federal desde hace décadas, sólo hay que recordar que los Estados Unidos tienen abierta una investigación desde 1985 contra Manuel Bartlett por su presunta complicidad con el Cartel de Guadalajara en el asesinato de Enrique Camarena, razón por la cual insistieron en la extradición de Rafael Caro Quintero, terquedad que le llevó a conseguir el obsequio por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum en una entrega, extradición.
Sin embargo, esos acuerdos se transformaron con la llegada de MORENA al gobierno federal. La complicidad u omisión es patente y constante. Así como en Tequila, el país vive en control del crimen que compra o controla gobernantes y domina carreteras, avenidas, comercios y hasta árboles. En el país de la extorsión, los Rocha Moya locales se multiplican en la misma naturaleza y los mismos resortes, donde los propagandistas ayudan a la distracción y los villanos no son los cómplices de los que dicen gobernar, sinos sus críticos y opositores.
En el país de la extorsión, cuestionar al gobierno cuesta libertades o la vida, con la anuencia de los políticos en el poder que, además, usan la retórica como arma para intentar el silencio ante la realidad que avasalla.
En la última semana, la presidenta y secuaces prefirieron el riesgo a ellos y al país que la justicia. Exigen pruebas y esgrimen la no urgencia en las detenciones como salidas para no confrontar la realidad: el gobierno de Donald Trump tiene las pruebas de la unión de los capos y los políticos y familiares.
Quien haya mínimo leído los reportes de la prensa sinaloense de los últimos dos años verán que las pruebas están en el aire con olor a sangre de Culiacán, que los sinaloenses no dudan de que su gobierno estaba más cercano a los designios del fragmentado Cartel de Sinaloa que de la voluntad popular, que las hojas contenidas en la acusación pública de los gringos son sólo una muestra de autoridades sobornadas de cientos en copycat de todo el estado y, desgraciadamente, en todo el país.
Para la presidenta, la urgencia está en distraer, desde Hernán Cortés y Diaz Ayuso hasta BTS en escala en Palacio Nacional. Para el gobierno, en acelerar los mecanismos que censuren a medios electrónicos primero y redes sociales también antes de que la población entienda la oleada de impunidad y encubrimiento a quienes han dejado el país en manos del crimen.
El riesgo está ahí. Donald Trump aguardó una semana para puntualizar su opinión sobre la reacción mexicana. El mensaje es claro: si México y su gobierno no quieren actuar, lo harán ellos y los capturaran o asesinarán.
Hay un cálculo político pero también una rendición de cuentas y una venganza. La pandilla de políticos que encubren a acusados seguro tomarán en consideración la advertencia.
Falta ver la respuesta que, cual sea, dañará al país.
A las pruebas me remito.