Comencemos por un precepto claro: todos los medios de comunicación tienen un sesgo, una pizca de subjetividad. Ninguno, por el mero hecho de ser producidos por seres humanos, tienen una objetividad al 100 por ciento, influye el origen, el creo, la etnia y el nivel económico; ya no hablemos de idiomas o ciudades donde uno crece.
Sin embargo, uno desea acercarse lo más posible a la verdad cuando expresa una idea o una información en un medio de comunicación, ya sea masivo o en las redes sociales. Claro, la opinión hoy en día tiene un peso cada vez mayor a partir de la manipulación del algoritmo que nos acerca a aquello que nos reafirma el prejuicio. Antes lo hacíamos de forma natural –escogíamos entre el noticiero, diario o columnista que mejor se acomodaba a nuestra ideología–, hoy nos lo facilita la red que consumimos.
Desde hace décadas, los medios de comunicación tienen sus códigos de éticas y, en algunos casos, sus defensorías de las audiencias. En el año 2000, cuando Grupo Imagen fue creado, los periodistas que ahí estaban redactaron el código de ética de la empresa… mismo código que se llevaron a W Radio y MVS cuando Solorzano y Aristegui emigraron a dichas empresas.
La discusión tiene una trampa mayor que parece no se entiende: los medios pueden seleccionar a su defensor de audiencia quien debe de dar cauce a las quejas de la sociedad. Hasta ahí, parece que no hay discusión alguna.
El problema viene cuando entra la mano del gobierno. La CRT –comisión que es parte de la Agencia de Innovación Digital– puede refutar o corregir las recomendaciones del defensor de audiencias. Es decir, el defensor no es autónomo y puede ser reconvenido o removido por la comisión a partir de un criterio que, hoy, no queda claro.
Digamos que un medio reporta la acusación a Rocha Moya y menciona los tweets de representantes del congreso norteamericano que lo señalan de narco. Algún personaje de la audiencia puede quejarse… así no exista, pues los lineamientos como fueron presentados dan la oportunidad a que alguna de las granjas de gobierno levanten quejas sin acreditar personalidad.
El medio puede demostrar de dónde sacó la información y el defensor de audiencias acreditar la veracidad de dicha información. Aun así, la CRT puede no estar conforme y multar al medio bajo criterios que, de tan grises, ponen en un negro panorama a la libertad de expresión.
Por cada queja, la comisión puede multar al medio hasta con 1 por ciento de sus ingresos anuales. Con 99 quejas, quiebra la empresa.
Lo peor es que en la discusión de la nueva ley de telecomunicaciones se estipula que las multas pueden ser por cuestiones técnicas y legales, nunca por contenido.
De ahí la suspicacia.
Han dicho tantas veces que no es censura lo que proponen que, sin duda, tiene un tufo de eso. Más aun, han hecho que todos sus propagandistas –esos que, ellos sí, no transparentar de dónde salen sus sueldos e ingresos– salgan a defender los lineamientos mientras atacan a los periodistas y dueños de medios que alertan sobre lo que viene.
No hace falta pertenecer a un medio masivo para estar inquieto, la presidenta deslizó la posibilidad que dichos criterios lleguen en un corto plazo a las redes sociales.
Cuando un gobierno quiere controlar el discurso siempre es síntoma de que algo no está jalando como debiera. En este caso, son múltiples las aristas de problemas en todos los campos: salud, educación, seguridad, infraestructura, combate al crimen organizado, corrupción y economía.
Por eso debemos preocuparnos. La amenaza puede verse primero para los medios pero, m en realidad, es para la población.
Esa que no necesita de guías para escoger quien le dice la verdad y quien le miente