En nuestra colaboración anterior (6 de septiembre) referíamos que en los informes de gobierno se privilegian las cifras de recursos dedicados a la seguridad y de las tasas delictivas, pero se desdeña una de las causas de que se reduzca la violencia: la construcción de comunidad y la ampliación de la cobertura de los servicios de justicia.
En Jalisco existen 73 centros públicos de mediación más 240 centros privados, con 930 mediadores certificados (37% de los mediadores del país). Mientras en el país por cada mediador hay siete jueces. En Jalisco, en cambio, por cada juez hay cuatro mediadores. Estamos apostando a resolver los conflictos cuando son incipientes, de manera voluntaria, confidencial, dialogada y por consenso.
En esta ocasión que celebramos el día internacional de la cultura de la paz y la mediación (21 de septiembre) quiero destacar la aportación del trabajo de este enjambre de mediadores en la pacificación a través de la justicia. El incremento de 540% en el número de convenios de mediación (20,545 convenios elevados a sentencia más otro tanto de convenios comunitarios) explican de una forma significativa el 35.6% de descenso de los juicios iniciados en materia civil y 18.5% de descenso, en los de materia familiar.
En las salas de segunda instancia del Supremo Tribunal, los asuntos civiles se han reducido en 19.6%. El IJA tiene el segundo lugar nacional en la proporción de los procesos penales concluídos por un acuerdo reparatorio derivado de la mediación y los procesos restaurativos en materia penal: 34%, uno de cada tres juicios penales concluídos por un acuerdo con reparación del daño para la víctima. Por ello las apelaciones y asuntos presentados en las salas penales se han reducido en 46.6%. Esta información generada a partir de los censos nacionales de impartición de justicia del INEGI de 2020 a 2022.
Esta descongestión permite reducir la duración de los procesos judiciales y las pesadas cargas de los jueces, aumentando la cantidad y calidad de tiempo que se destina a los casos complejos y de alta intensidad probatoria. También reduce los costos para el erario, para las familias y el menor desgaste emocional que implica resolver los casos a través de la justicia alternativa y los convenios.
También la mediación pública ha propiciado mayor acceso a la justicia, pues un pagaré de cuatro o cinco mil pesos es difícil de cobrar por la vía judicial porque los honorarios de los abogados rebasan el monto de lo demandado. Por ello, la mediación gratuita y sin la necesidad de contratar un abogado particular; lo mismo que las deudas no documentadas se han logrado resolver por mediación.
Estos casos de acceso a la justicia y la solución de conflictos comunitarios y vecinales reducen la “cifra negra del conflicto”, que encuentran una vía institucional y equitativa para su solución; en lugar de permanecer soterrados, macerando resentimientos, hasta sus eventuales estallidos que derivan en tragedias y delitos. Nuestro reconocimiento a esos gestores de paz y gestores del consenso que contribuyen a seguir revirtiendo la espiral de indiferencia, intolerancia y violencia.