Gobernabilidad democrática significa que gobierno, mercado y sociedad tengan las condiciones para construir de manera conjunta una sociedad rica, incluyente, libre y responsable con el medio ambiente, bajo el marco de la democracia y sus valores: elecciones libres, Estado de derecho, división de poderes, libertades garantizadas, tolerancia, respeto a los derechos de las minorías, etc. Ese tipo de gobernabilidad requiere de tres ejes. El primero es un gobierno —en sentido amplio— que sabe gobernar, es decir, que mediante políticas públicas eficaces, financiadas de manera sustentable y bien ejecutadas por una burocracia competente, cumple sus responsabilidades (seguridad, bienes y servicios públicos, Estado de derecho, regulación eficaz de los mercados, etc.) de manera exitosa.
Este eje de la gobernabilidad ha sido demolido por la presunta 4T: la precariedad en que se encuentran muchas secretarías por la reasignación presupuestal (Gobernación, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, Cultura, etc.); la austeridad exagerada que ha propiciado la desbandada de los cuadros técnicos capaces (sobre todo en áreas económicas y financieras, pero no son las únicas); el abandono de políticas públicas exitosas y el regreso de otras fracasadas (monopolios en energía, la militarización completa de la seguridad pública), la cancelación de programas (Seguro Popular), el cierre de dependencias (por lo menos 10 subsecretarías, Indesol, Instituto Nacional de Ecología, por citar algunas); la fracasada centralización de las compras que ha producido un desabasto criminal de medicinas.
¿Qué se puede esperar en este eje de la gobernabilidad en 2022? Ningún cambio para bien. AMLO no rectifica, pues cree que todo marcha muy bien, por lo que el presupuesto de este año sigue igual de distorsionado: todo para sus programas sociales y obras emblemáticas, y miseria para el resto del gobierno. Los cambios de gabinete, si se llegan a dar, serán para garantizar lealtad al Presidente, no la eficacia en las tareas de gobierno. Si algún área más muestra un fracaso rotundo (como el abasto de medicinas), la militarizará. Tampoco se han anunciado nuevas políticas o rectificaciones.
Pero hay un tema que puede agravar el desgobierno. La eventual aprobación de la reforma eléctrica en sus términos actuales deterioraría las capacidades del gobierno en la medida en que revivir el monopolio eléctrico estatal se traduciría en un grave problema de finanzas públicas, no este año, pero sí en los siguientes, porque la CFE, sin el apoyo de las empresas eléctricas privadas, tendría que elevar las tarifas eléctricas o ser subsidiada para no hacerlo. Además de que sería incapaz de atender la creciente demanda de energía eléctrica, lo que provocaría escasez y apagones más frecuentes. Economía en más problemas.
Por tanto, al no cambiar equipo, políticas ni prioridades presupuestales, los problemas continuarán con las tendencias actuales: recuperación económica lenta, inflación elevada, poca creación de empleos, finanzas públicas con deterioro gradual, pandemia en el filo del descontrol, desabasto de medicinas, violencias por todos lados, impunidad casi absoluta de criminales, pero uso político de la justicia para adversarios. La pregunta es si el agravamiento de las condiciones sociales y políticas se traducirá en un menor apoyo al Presidente, en brotes de descontentos en la calle u organización y resistencia política. Eso lo veremos la próxima semana.
Guillermo Valdés Castellanos