A debatir los supuestos

Las críticas fundadas sobre la cancelación del aeropuerto, la militarización de la seguridad pública, los despidos de la burocracia a rajatabla sin apego a la ley laboral, la torpeza de la guerra contra el huachicol y el apoyo a Nicolás Maduro han topado con oídos sordos. Ninguna rectificación y pocas veces dan respuestas que expliquen las razones de sus decisiones. En el afán de encontrar alguna racionalidad en la actuación gubernamental, Blanca Heredia, académica del CIDE, plantea una hipótesis atendible. Sostiene que la conversación política cambió radicalmente de temas, de lenguaje y, sobre todo, cuestiona severamente los supuestos del debate: “esas creencias de fondo que se dan por válidas sin necesidad de argumentar y que son el sustento de las argumentaciones que se expresan de modo explícito” (https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blanca-heredia/cambio-la-conversacion).

Supuestos como la eficiencia de la economía, la división de poderes, el fortalecimiento de las instituciones —que muchos consideramos como necesarios y deseables— no tienen mucho valor para López Obrador. Y la razón de ello, apunta Heredia, es que esos supuestos son considerados parte del problema, pues son el soporte de un sistema que, desde su perspectiva, llevó al país a la bancarrota. Desde esta perspectiva, deben ser debatidos para poder avanzar en el diálogo, que hasta ahora es prácticamente inexistente.

El planteamiento y la invitación son pertinentes: los supuestos de nuestra organización económica, política y social deben ser cuestionados. Surgen muchas preguntas ¿los desechamos todos y definimos unos nuevos, o los criticamos con el ánimo de fortalecerlos? ¿Las imperfecciones de nuestra democracia formal son tantas y tan graves como para optar por un presidencialismo autoritario? ¿La política debe desentenderse de los costos económicos de sus decisiones —sin importar lo elevado que sean— con tal de establecer la supremacía de la política sobre los mercados? Ante los innegables abusos y excesos de los gobernadores, causados por un federalismo deforme y disfuncional, ¿regresamos al centralismo presidencial sin contrapesos? Lo sensato es irse despacio y uno por uno.

Me preocupa el abandono de uno de esos supuestos: el estado de derecho. El juramento que hizo el día que asumió la Presidencia de cumplir y hacer cumplir la Constitución y todas las leyes parece serle opcional, y el supuesto de que sus acciones y las de su gabinete deben siempre apegarse a la legalidad —supuesto que hace posible el funcionamiento de cualquier sociedad, democrática o no, neoliberal o no, pues acatar las normas da certidumbre y estabilidad a la conducta de todos los actores sociales—no tiene valor.

Algunos ejemplos: la compra de pipas para Pemex sin licitación; basta que él tenga la conciencia tranquila; la inacción de su gobierno frente a la obstrucción de las vías de comunicación en Lázaro Cárdenas, que realiza la CNTE. ¿Dónde dice que usar la fuerza sea sinónimo de represión y que en esos casos no se cumple la ley? ¿En qué se basa su decisión de no perseguir el robo de combustible a quién él considera que lo hace por necesidad y de otorgar amnistía adelantada a funcionarios corruptos? ¿Podemos transformar el país sin estado de derecho?