La decisión de AMLO —que no del pueblo— de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México en Texcoco no tiene ninguna lógica desde la racionalidad económica. Al contrario, es irracional por costosa no solo para los contratistas y los cerca de 50 mil trabajadores que perderán su empleo, sino también para las finanzas públicas —y por tanto para los ciudadanos que pagamos impuestos y los que dejarán de recibir beneficios por el incremento del costo de la deuda— y para el desarrollo de las comunicaciones y la aeronáutica en México.
Además, porque atenta de manera relevante contra las condiciones que hacen posible que la economía crezca más: a) no disponer de una infraestructura básica para varios sectores económicos (comercio y turismo, entre otros) y para incrementar la competitividad de la economía; b) poner en riesgo la solidez de factores macroeconómicos como tipo de cambio y tasas de interés; c) debilitar las finanzas públicas generándole cargas adicionales innecesarias; d) dinamitar la certidumbre que aporta el respeto a los contratos (estado de derecho), y e) minar la confianza del sector privado, que es el que genera la mayor parte de la riqueza del país. Ojo, no es una crisis económica; solo se trata, al menos hasta ahora, de impedir que la economía crezca más allá del mediocre 2% de los últimos 20 años. Lo cual no es ningún apocalipsis, pero sí es trágico.
Lo único que puede explicar la absurda decisión es la lógica política que mueve a López Obrador: poner a la política, es decir, al poder presidencial (él), por encima del poder económico, de la oligarquía o minoría rapaz, ya que ello es condición necesaria y suficiente para terminar con la corrupción, el principal mal del país. Ese es el centro de su oferta, la esencia de su proyecto y el significado de la cuarta transformación. Todos queremos un gobierno honesto y no sometido a los intereses de los económicamente poderosos. Sin embargo, el problema con la decisión de AMLO es triple.
Primero, escogió muy mal el motivo con el cual pintar su raya. Cancelar Texcoco tendrá costos muy elevados; sus cuentas no se sostienen por ningún lado. Indemnizar a contratistas costará más de 100 mil mdp; pero además se tiene que agregar que la devaluación del peso hasta ahora significará pagar otros 112 mil millones de pesos extras por concepto de deuda externa; más lo que implique el alza de las tasas de interés de los bonos mexicanos. Más lo que cueste Santa Lucía. Sumados todos los costos, el chistecito puede costarle, con cálculos aún gruesos de GEA, alrededor de 440 mil millones de pesos al país entre 2019 y 2024. Una cantidad cercana a la que dice que necesita para hacerle justicia a los pobres. Pero que se irán a los inversionistas de dentro y fuera del país. Decisión brillante.
Segundo. Lo anterior demuestra que no es lo mismo tener una estrategia inteligente para recuperar autonomía del Estado frente al capital que pelearse a lo tonto con las leyes del mercado. Los desenlaces de gobiernos mexicanos y extranjeros que han entrado en conflicto por ignorancia o prepotencia, con el funcionamiento de la economía globalizada, todos han perdido. Y quienes pagamos siempre somos los ciudadanos. Hacia allá parece conducirnos AMLO. La tercera razón, el riesgo del autoritarismo, lo analizaremos el próximo miércoles.
Absurdo económico y peligro político. I
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Guillermo Valdés Castellanos
Ciudad de México /
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