Primer acto. La evolución criminal. El universo del crimen organizado de 2020 es muy diferente al de 2006. En aquel año, seis grandes organizaciones dedicadas al narcotráfico controlaban la mayor parte del espacio criminal. Ahora son dos grandes carteles del narco —Sinaloa y CJNG— varias organizaciones regionales también dedicadas al narcotráfico (Noreste y Guerreros Unidos, por ejemplo) y cientos de bandas ocupadas en otros mercados ilegales como el huachicol, la extorsión y todo tipo de robos. Como la mayoría de esas bandas tienen su origen en la fragmentación de los seis carteles, son bandas bien equipadas y muy violentas.
Segundo acto. El nuevo paradigma de seguridad. Frente a la crisis de inseguridad que vive el país, López Obrador lo propuso en un Plan de Seguridad anunciado en noviembre de 2018: “Atacar las causas estructurales de la inseguridad”; eliminar la corrupción; construir la paz; reformular el combate a las drogas; creación de una Guardia Nacional, y sobre todo, abrazos, no balazos; becarios, no sicarios y varias frases más, todas políticamente correctas que prometían un paraíso de seguridad desde el 2 de diciembre de 2018. A partir ese día, al “haber un gobierno honesto” la gente “ya no necesitará robar”, aseguró AMLO en una entrevista con Ciro Gómez Leyva. Una fantasía voluntarista bajo un nombre rimbombante: “nuevo paradigma de seguridad”.
Tercer acto. La terca realidad 19 meses después. Los homicidios promedian casi 100 diarios; las masacres crecen sin tregua: siete cada mes en 2017; 10 en 2020, según datos de Lantia; los sicarios de Sinaloa controlaron Culiacán, liberaron a su líder, Ovidio Guzmán, y humillaron al ejército; los feminicidios y la violencia contra las mujeres y niñas crecen desmesuradamente; el CJNG pone en marcha una estrategia expansiva contra sus adversarios y autoridades que no se plieguen a sus deseos (asesinato del juez Ortiz Villegas, atentado contra García Harfuch, asesinatos de personal de la fiscalía del Estado de México) y amedrenta a las autoridades y a la población con videos propagandísticos. El nuevo paradigma ha significado para las organizaciones una nueva permisividad.
Cuarto acto. El gobierno publica el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana. Después del baño de realidad que supone estar al frente del gobierno durante 19 meses y que los integrantes del gabinete de seguridad han podido dimensionar el problema ya no solo estadísticamente, sino conocerlo y sentirlo todos los días, uno esperaría que el nuevo paradigma, anunciado el año pasado, se tradujera en objetivos, estrategias, programas y metas que arrojaran luz al final del túnel que ha sido la pesadilla de la violencia los últimos 14 años. Y sí, hay cuatro objetivos, 17 estrategias y 12 metas.
Pero sorpréndase. Las dos metas más importantes, las sustantivas son estas dos: Reducir la incidencia, es decir, la tasa de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes de 37 mil 807 en 2018 a 33 mil 219, en 2024.Una reducción de 12 por ciento en seis años, sin especificar qué tipo de delitos se desea reducir. No espere entonces que disminuyan los homicidios o los feminicidios. La segunda meta es reducir la tasa de víctimas de delitos por cada 100 mil habitantes de 28 mil 269 a 28 mil 000, lo que equivale a una reducción de 0.002 por ciento en seis años. No es broma. Es la capitulación. No piensan, ni quieren hacer nada sustantivo en materia de seguridad. Son las metas del Plan oficial de Seguridad. Preocúpese y exija.