En defensa de la sociedad civil

La razón de López Obrador para reducir a la mitad el presupuesto de las estancias infantiles, y dejar sin ese servicio trascendente a más de 350 mil niños, es que no quiere intermediarios y por ello el dinero se entregará directamente a los padres de familia. No es la primera vez que descalifica y ataca a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) ya sea porque son fifís o porque son corruptas (sin probarlo, por supuesto, como es su costumbre y estilo).

Esa concepción revela gran ignorancia, por una parte, de lo que son y representan para los derechos humanos y la democracia las OSC y, por la otra, un ideal de Estado burocratizado, y asistencialista. Ambas visiones expresan, una vez más, la clara vocación autoritaria del Estado que pretende reconstruir AMLO: sin límites democráticos y con una voluntad de avasallar a la sociedad y al mercado. No hay democracia sana, estable y duradera sin ciudadanos en el sentido original de la palabra: individuos conscientes de sus derechos y sus obligaciones, participativos en las tareas públicas y exigentes de la transparencia y la rendición de cuentas del Estado para que cumpla bien sus funciones.

Una de las expresiones más importantes de la ciudadanía es su decisión de organizarse para traducir su acción colectiva en bienes y servicios públicos. La abundante literatura sobre la sociedad civil organizada da cuenta de sus valiosas y crecientes aportaciones a las sociedades y democracias modernas: desde las obras asistencialistas que proveen ayuda a personas vulnerables, hasta instituciones científicas que aportan conocimiento de última generación, pasando por todo tipo de organizaciones culturales, sociales, económicas, medioambientales cuyas contribuciones han sido decisivas para reducir desigualdades, promover derechos y democracia, impulsar cambios culturales y sociales.

Los avances en la equidad de género, la conciencia ecológica y el respeto del medio ambiente, la protección de los derechos humanos, los procesos de democratización en muchos países (incluido México), los servicios de atención a grupos vulnerables (discapacitados, niños de la calle, ancianos, etcétera) no podrían ser explicados sin los movimientos feminista y ecologista, sin las cientos o miles de organizaciones de todo tipo (de derechos humanos, educativas, sociales, de cooperativistas, culturales) que han tenido la capacidad de generar y transferir recursos desde la misma sociedad, desde el Estado y desde el sector empresarial para esos grupos necesitados y para causas y problemáticas no atendidas por las burocracias estatales.

Así, la sociedad civil organizada es un aliado y complemento, no un adversario, del Estado, en la medida que crea y transfiere recursos de todo tipo y genera bienes y servicios que han contribuido a la construcción de sociedades más justas e incluyentes. Solo cuando el Estado cree que tiene el monopolio de lo público, que la sociedad no debe ni puede fiscalizar la acción estatal, ni plantear la exigibilidad de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales –es decir, cuando el Estado tiene una clara vocación autoritaria y burocratizante— entonces la sociedad civil organizada es considerada una amenaza y una expresión de los intereses conservadores. Mala señal para México.