La acusación de Estados Unidos contra García Luna (GL) lo convierte en un presunto cómplice del narcotráfico (subrayo el presunto, pues prevalece la presunción de inocencia). Sin embargo, tiene el agravante de que, si se comprueba su culpabilidad, pasará, junto con el general José de Jesús Gutiérrez Rebolllo, a la galería de la infamia debido a la enorme responsabilidad y confianza que tuvo. Además, arrojará un descrédito político al presidente Felipe Calderón y a su gobierno, e incluso a las agencias estadunidenses que lo condecoraron. La justicia de EU dirá si se borra la palabra presunto y se queda con la de narcotraficante o se le exonera. Habrá que esperar, mientras tanto, lo discutido ha sido un linchamiento político tanto de GL, como del ex presidente Calderón y su política de seguridad.
Inmerso el país en una terrible crisis de violencia, se entiende que el gobierno utilice el caso para defender su desastrosa política de seguridad y justificar su negativa a modificarla. Su razonamiento es bastante pedestre: como GL trabajaba para el cártel de Sinaloa (ya se le juzgó y condenó) toda la política de seguridad de Calderón fue una farsa y un fracaso total. Como argumento complementario, todos quienes han criticado la política de seguridad quedan descalificados, porque lo único que proponen es declarar la guerra, al igual que GL. Por tanto, la única alternativa son los abrazos y no balazos.
Encontremos las inconsistencias de la apología gubernamental. Aun suponiendo que condenaran a GL, no se siguen las siguientes conclusiones que AMLO y Durazo arrojan como el nuevo dogma: 1) Que la estrategia se reducía al declararle la guerra a los narcos y que toda ella era producto y obra de GL. 2) Por tanto, el soborno a GL destruye toda la obra de seguridad de un gobierno. 3) Como todos los críticos piden que se reinstale la política de Calderón, están equivocados.
Confrontemos los argumentos con algunas realidades. Si todo fue un fracaso, ¿cómo explicar que Calderón dejó la tendencia de homicidios a la baja a partir de 2011 (en ese año hubo 27 mil 213 y en 2012 fueron 25 mil 967); que el operativo de la Policía Federal (la de GL) en Chihuahua redujo los homicidios de 6 mil 407 a 2 mil 772 entre 2010 y 2012 y en Sinaloa de 2 mil 423 a mil 395 en el mismo periodo? Si la estrategia se redujo a combatir organizaciones (declararles la guerra), ¿cómo explicar que ese sexenio ha sido el que más ha fortalecido de manera real las capacidades de las dependencias de seguridad y justicia federales, al aumentar el presupuesto de 100 mil millones de pesos en 2006 a más de 220 mil en 2012, presupuesto que retrocede a partir de 2013 y continúa haciéndolo con Andrés Manuel López Obrador? ¿Y las reformas del sistema de justicia penal de 2008 y de los derechos humanos aprobada en 2011 no cuentan?
Los críticos no pedimos el regreso de la política de seguridad de Calderón; ésta tuvo aciertos y también errores y fracasos. Las circunstancias y la problemática criminal han cambiado mucho y se requieren estrategias diferentes y novedosas, pero que retomen los aspectos positivos y desechen los que no sirvió. Para ello urge evaluar en serio tanto su sexenio como el de Peña Nieto, de lo contrario opinaremos desde los prejuicios políticos y vaya que contra Calderón abundan.