Guardia y policías, ¿y el presupuesto?

Los términos en que fue aprobada la Guardia Nacional solucionaron un doble problema político, pero no el de la seguridad. Primero evitaron la militarización permanente de la seguridad pública y, segundo, frena un empoderamiento del Ejército en detrimento del equilibrio histórico entre civiles y militares en asuntos políticos. Por esa razón son buenas noticias, tanto el cambio a la minuta de AMLO, como el proceso político que lo hizo posible: la unión de la oposición, la participación de expertos y la disposición de Morena a negociar. No obstante, AMLO y la Sedena consiguieron la protección jurídica para utilizar al Ejército en seguridad, acotada a cinco años, lo cual era indispensable. Habrá que ver si la reglamentación de esa participación se apega a lo establecido en el artículo transitorio: que sea extraordinaria, focalizada, subordinada y complementaria.

Sin embargo, lo aprobado por el Congreso no necesariamente resolverá el problema de la seguridad por dos objeciones y una duda. Primera: la creación misma de la Guardia. Es absurdo crear desde cero una institución que será un galimatías presupuestal, administrativo, funcional y de cultura organizacional. Va a tomar mucho tiempo conjuntar a los elementos de Marina, Defensa y Policía Federal bajo una sola organización y unificar todo (rangos, salarios y condiciones laborales, formación, carrera profesional, procedimientos operativos, disciplina, logística, etcétera) para poder hablar de una fuerza cohesionada que le permita ser eficaz en las tareas de seguridad. Se perderán muchos meses o años. Teniendo a la Policía Federal —el esfuerzo más serio de los cuatro gobiernos anteriores en materia de policía—, lo sensato y lógico era depurarla y fortalecerla. Pero no, se va al caño por puros prejuicios y terquedad presidencial. Si todas las instituciones del Estado que tienen problemas de corrupción y eficiencia debieran desparecer, no quedaría nada: ni Pemex, ni CFE, ni... En síntesis: la eficacia de la Guardia, si es que se da y esperemos que sí, tardará más que si hubieran optado por reforzar a la Policía Federal. El tiempo no es tema menor cuando se enfrenta una crisis de seguridad.

Segunda objeción y la más relevante. Los 50 o 60 mil elementos que la conformarán son insuficientes. Si se desea reducir los índices delictivos permanentemente se requieren en el país 400 mil policías en los tres niveles de gobierno, de los cuales la Guardia debiera tener al menos 100 mil. Y todo eso cuesta mucho: 400 mil millones de pesos. En la actualidad, los gobiernos de los tres órdenes gastan en sus policías alrededor de 150 mil millones; faltan 250 mil. ¿A ningún senador se le ocurrió incluir un artículo transitorio para obligar al Congreso a aportar ese dinero en un plazo razonable, para que los estados y municipios tengan los recursos necesarios para rehacer sus policías y que entonces sí pueda hacerse realidad que el Ejército se retire a sus cuarteles en 2024?

Sin aumentos presupuestales de esa magnitud, destinados no solo a la Guardia Nacional, sino sobre todo a los gobiernos locales, el mandato constitucional de desmilitarizar la seguridad pública en cinco años será incumplible y terminaremos en el punto de partida: el Ejército, indispensable. La duda: ¿las leyes reglamentarias respetarán el carácter civil de la Guardia?