La austeridad y el juramento constitucional

De la última encuesta de GEA-ISA —levantada entre el 3 y 5 de diciembre— la pregunta más relevante, a la luz del conflicto en torno a la Ley de Remuneraciones, es la siguiente: en caso de que la oposición inicie ante el Poder Judicial una controversia para saber si una ley está apegada o no a la Constitución, ¿qué debe hacer la Corte? Las respuestas: siempre apoyar a la oposición, 14%; siempre darle la razón a López Obrador, 13%; resolver con apego a la Constitución, 59%.

Otro dato de la encuesta es el nivel de aprobación de la gestión de AMLO: 57%. Un respaldo enorme si lo traducimos en número de ciudadanos: 51.3 millones, 21 más de los que votaron por él. Eso significa un gran capital político o, en palabras llanas, un poder enorme. Y gracias a ese respaldo, AMLO y Morena se sienten muy poderosos. Esa es una parte de la historia. Pero no toda, pues si comparamos el 57% de aprobación con el 59% de ciudadanos (equivalente a 53 millones) que quieren que la Corte actúe apegada a la Constitución, ello significa que el poder de AMLO y de su mayoría en el Congreso tiene un límite claro: el respeto a la división de poderes y a la Constitución.

Pero no se trata solo de opiniones. El ritual de la toma de posesión de AMLO tuvo como primer acto el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Solo hasta que lo hizo, se convirtió en presidente constitucional, con todo el poder asociado al cargo que no incluye el de violar la Carta Magna. Luego vinieron el discurso oficial, las felicitaciones, la comida, la limpia, el bastón de mando, los cien compromisos de gobierno y la fiesta con el pueblo. Y en todo ese barullo y la vorágine de los primeros diez días, parece que al presidente López Obrador ya se le olvidó que su primer y más importante acto de ese día fue jurar que va a cumplir y hacer cumplir la Constitución.

No se trataba de un formalismo; es un juramento (la máxima expresión de una promesa) y un mandato prioritario, por encima incluso de sus cien promesas de campaña, ya que si alguna de éstas es contraria a la Constitución no puede llevarla a cabo. Tiene que mandar obedeciendo, sí, pero a la Constitución. Después, si quiere, puede obedecer a quien guste, pero sin violar aquella. Primero la Constitución, después, si quiere, el pueblo bueno. De eso, precisamente de eso, se trata el estado de derecho; lo demás se llama dictadura, porque ya sabemos quién se convierte en la voz única del pueblo.

Porque juró cumplir la Constitución y esta señala que el Poder Judicial tiene como una de sus funciones decidir si la conducta y las acciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo están apegadas a la Constitución, la única respuesta aceptable del presidente López Obrador y de los legisladores ante el fallo de la Corte para suspender provisionalmente la Ley de Remuneraciones es acatarlo. Y si gustan impugnarlo, tienen que hacerlo por la vía jurisdiccional. Emprender una campaña de difamación del Poder Judicial y de sus integrantes es una respuesta autoritaria por creerse por encima de la SCJN. La austeridad no es el valor supremo del país; el estado de derecho, sí. Y si el tipo de austeridad que pretenden imponer es anticonstitucional, que encuentren formas de austeridad que no lo sean.