Lástima que la violencia esté normalizada y que además la seguridad esté desaparecida de las prioridades del gobierno, porque lo que ha sucedido en las últimas semanas es muy grave. Pero ninguna de las dos cosas nos indigna. Por lo menos debería ser motivo para que alguien del gobierno diera la cara y le explicara al país qué está sucediendo y, sobre todo, nos dijera qué piensa hacer para enfrentar el problema.
Pero nada de eso ocurre. Policías municipales en Jalisco asesinan a un albañil y en Oaxaca matan de un escopetazo a un chavo de apenas 16 años y como si nada. Solo porque en el primer caso el tema daba para golpear políticamente a un gobernador fue que el problema escaló a nivel nacional. Tan grave fue la inacción de la Fiscalía de Jalisco durante un mes, como la andanada política contra Alfaro de parte de las huestes de la 4T. El de Oaxaca hubiera pasado desapercibido, pero coincidió con lo de Jalisco y mereció varios titulares en prensa y televisión. Denuncia mediática, en el mejor de los casos, y silencio oficial siempre. ¿Soluciones a la deprimente situación laboral y profesional de las policías municipales, a la inexistencia de órganos internos de control de corrupción y abusos en las policías, a las deficiencias y omisiones de la procuración de justicia, al silencio y la nulificación de la CNDH? Ni por ocurrencia.
En Colima asesinan a sangre fría a un juez federal, Uriel Villegas, y a su esposa enfrente de sus hijas, en lo que parece una evidente venganza del crimen organizado. Lo más que se obtiene del Estado es la condena enérgica del presidente de la SCJN y una condolencia forzada del presidente López Obrador en una mañanera. Zaldívar por lo menos dijo que era un crimen de Estado, pero su indignación no le dio para revertir la austeridad ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal, que él preside, gracias a la cual los jueces que gozan de protección tienen que pagar la gasolina de los autos blindados y las comidas de sus escoltas. Como Uriel no le alcanzaba el sueldo para complementar el costo de su protección, renunció a ella. El resultado: ahora está muerto y sus dos hijas, de siete y tres años, quedaron huérfanas de padre y madre. Zaldívar y la Judicatura prefirieron quedar bien con la prédica de austeridad presidencial que proteger la vida de los jueces. Lamentable.
¿Vale la pena comentar algo sobre las banalidades con que Alfonso Durazo analiza la permanencia, mes con mes, de los casi 100 homicidios diarios? ¿Le habrá dado clases a López-Gatell sobre los picos de las curvas de muertos o al revés? ¿Y sobre las masacres más recientes en Caborca y en San Mateo del Mar, Oaxaca, o los hechos violentos en Celaya, alguna explicación más allá de las declaraciones rutinarias? Y sobre el desmantelamiento de la Comisión de Atención a las Víctimas, ¿Alejandro Encinas está de acuerdo?
Cuándo no está de gira ¿qué hará el presidente López Obrador después de su conferencia de prensa? ¿En algún momento de los más de 500 días que lleva gobernando (es un decir) ha discutido con su gabinete de seguridad posibles explicaciones y soluciones reales —más allá de sus frases huecas de todas las mañanas— al problema de la violencia y la inseguridad? Hay un deterioro grave de la violencia y la inseguridad. Todo normal. AMLO promete ser el guardián de las elecciones.