El doble feminicidio perpetrado en Chetumal el pasado 19 de octubre —en el que una madre de 36 años y su hija de 16 fueron asesinadas— exhibió la inoperancia de las políticas públicas para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres en Quintana Roo, donde gobierna Mara Lezama, la primera mujer en ocupar la silla del Ejecutivo en la entidad.
Donaciano “N”, el presunto agresor, era un oficial de Tránsito en activo que utilizó una patrulla oficial y su arma de cargo para acudir al domicilio de las víctimas y quitarles la vida antes de suicidarse, de acuerdo con las primeras pesquisas. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, encabezada por Raciel López Salazar, al igual que en otras ocasiones clasificó el hecho como homicidio doloso, cuando debió realizarlo como feminicidio. Esta práctica sistemática no es un error, es una estrategia para minimizar las estadísticas de feminicidios en Quintana Roo. Pese a que el Código Penal y los estándares constitucionales estipulan que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse bajo el protocolo de feminicidio, las autoridades de la FGE QRoo decidieron faltar al criterio de la Suprema Corte (caso Mariana Lima Buendía).
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Quintana Roo establece en la Medida IV que el Poder Ejecutivo estatal está obligado a emitir mensajes públicos continuos de condena abierta, visibilización de la violencia feminicida y cero tolerancia.
Sin embargo, la tragedia en la capital de Quintana Roo obtuvo solo el silencio de las autoridades. Ni la gobernadora Mara Lezama Espinosa, ni la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández, ni la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEQROO), Omega Istar Ponce Palomeque, ni la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) María Elena García Flores emitieron un solo mensaje de condena o solidaridad. Ni un tuit, ni un boletin, nada. Solo silencio.
Este vacío no es neutral, es un mensaje para los agresores y para las corporaciones policiacas: las vidas de las mujeres no importan lo suficiente como para romper la agenda mediática y política.
La cadena de negligencias se extendió a la actuación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEQROO) que demostró una desconexión e incapacidad operativa al permitir que las víctimas fueran veladas y sepultadas de manera conjunta con su agresor feminicida. Un acto de revictimización que atenta contra la memoria, la dignidad y la verdad de la madre y la hija asesinadas.
A la par, es inadmisible que algunos medios de comunicación busquen justificar el doble feminicidio apelando al "estrés laboral" o la "salud mental" del presunto agresor. Justificar un crimen de odio bajo la narrativa de la presión del trabajo normaliza la violencia machista.
Las políticas públicas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en Quintana Roo están fallando porque se han diseñado como aparadores publicitarios, no como mecanismos de protección efectiva. Cuando el Estado ignora las alertas, solapa a policías agresores y maquilla las cifras de violencia feminicida, se convierte en un engranaje más de la violencia feminicida.