La violencia contra las niñas y niños encontró en Tiktok un escaparate al alcance de cualquiera; a través de las pantallas de celulares, funciona un modelo de negocio multinacional, que se salta todas las leyes y protecciones contra las infancias. Son violencias que monetizan los abusos mientras los gobiernos miran hacia otro lado.
El reciente trabajo periodístico publicado por el medio de investigación Maldita.es desveló una red masiva de distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil en TikTok, la red social de origen chino, que es propiedad de la empresa tecnológica china ByteDance.
En apenas 50 videos analizados, el equipo documentó a más de 1,300 potenciales pederastas coordinándose abiertamente en la sección de comentarios para intercambiar, solicitar y monetizar material violento contra niñas y niños.
Contrario a las creencias generalizadas, de que este tipo de contenidos se ocultan en la “dark web” o en foros clandestinos de acceso restringido, lo investigado por Maldita.es ocurre a plena luz del día, en las aplicaciones que habitan en los teléfonos de nuestras miles de personas y al alcance de cualquiera.
Aunque TikTok borró el 99% de las publicaciones denunciadas por Maldita.es, dejó intactas más del 96% de las cuentas que promovían este contenido.
Esto no solamente ocurre en la realidad española, el equipo documentó también lo que ya se sabe en Latinoamérica y México, donde según las propias cifras oficiales, nuestro país ocupa los primeros lugares a nivel internacional en producción y consumo de material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con datos oficiales de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la incidencia de violencia contra la niñez y la adolescencia ha mostrado incrementos alarmantes, registrándose en el país más de 11 mil casos anuales denunciados de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el sector salud, cifra que apenas refleja la punta del iceberg de una cifra negra abrumadora. Asimismo, las carpetas de investigación por abuso y explotación infantil en entornos familiares y comunitarios continúan al alza.
El desafío en México es de fondo y de análisis de políticas públicas que demuestran su ineficiencia. Mientras la Unión Europea debate sanciones millonarias e investigaciones bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA) y exige auditorías externas a las algoritmos, en México la respuesta institucional es proscribir celulares en las escuelas o pedir a madres y padres de familia que “vigilen mejor” a sus hijos, hijas e hijes.
Colocar la responsabilidad del ciberpatrullaje en las familias o en ONGs sobrecargadas es trasladar las obligaciones de manera irresponsable.
Las infancias en México ya enfrentan violencias estructurales: pobreza, abandono, reclutamiento forzado y feminicidios infantiles. Proteger a niñas, niños y adolescentes exige legislar con perspectiva de derechos humanos, auditar a las multinacionales del entretenimiento y entender, de una vez por todas, que la vida y la dignidad de la niñez valen más que los dividendos de cualquier algoritmo.