Existe una narrativa tan arraigada como falsa: la idea de que la violencia familiar y de pareja es un asunto exclusivo de “los pobres”, de quienes no tienen educación o de “los del pueblo”. Esta mentira ha protegido a hombres poderosos y violentos contra las mujeres de sus familias durante siglos.
Algunos de estos hombres con puestos de poder, apellidos influyentes y cuentas bancarias con varios ceros, han mantenido bajo amenazas a mujeres que en pocas ocasiones han logrado denunciar.
Por ello, la formal denuncia de María Felicia Jiménez Lavie contra su esposo y exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, es simbólica y necesaria para visibilizar la violencia de género contra las mujeres en entornos de hombres con poder.
La relevancia de este caso expone también la violencia económica en la que se hallan mujeres de clases económicas privilegiadas. Se suele pensar que ellas tienen las herramientas para defenderse de la violencia conyugal, la realidad es que no siempre es así. Muchas habitan casas lujosas que no están a su nombre, administran cuentas bancarias de las que no son titulares y dependen económicamente en su totalidad del agresor. Son adineradas hasta que el hombre de la casa lo decide. Se encuentran en callejones sin salida. Para algunas de ellas, denunciar implica ser despojadas de lo material, de sus relaciones sociales e incluso de sus hijas e hijos.
Tras la difusión del video de las agresiones y la denuncia penal interpuesta por María Felicia Jiménez Lavie, diversas personalidades se han pronunciado a su favor, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien fijó su postura bajo la consigna de "cero impunidad a la violencia contra las mujeres". En un comunicado, la Secretaría de las Mujeres condenó enérgicamente los hechos de violencia ofreció acompañamiento durante su proceso de denuncia ante la Fiscalía del Estado de Morelos.
En México, denunciar para cualquier mujer es enfrentarse a un sistema judicial machista y patriarcal. Pero denunciar a un hombre que ha ostentado el control de una de las paraestatales más grandes del país es iniciar una guerra con la cancha completamente inclinada.
El influyentismo y el capital político se usan habitualmente como escudos de impunidad. Las fiscalías y los juzgados arrastran una larga historia de reverencia hacia las cúpulas del poder. Sostener un proceso penal contra alguien con conexiones políticas implica sortear amparos infinitos, dilaciones sospechosas y redes de complicidad patriarcal que operan en las sombras.
Por eso, el video en redes sociales de María Felicia Jiménez Lavie era necesario. Pero no basta. Además de las medidas de protección vigentes, ella necesitará de la presión social sostenida para que acceda a la justicia. Veremos si en verdad ya estamos en “el tiempo de las mujeres”.