La actuación del Fiscal General de Querétaro Víctor Antonio Jesús Hernández en el caso de la niña Esmeralda es tan deplorable y criminal que tuvo pronunciarse la presidenta de México Claudia Sheinbaum al respecto; tuvo que intervenir la secretaria de las Mujeres Citlalli Hernández y el gobernador de Querétaro Mauricio Kuri expresó que se esforzarán para que se respeten los derechos de la niñez.
El Fiscal General de Querétaro acusó de homicidio a la niña de 14 años de edad; Esmeralda fue víctima de abuso sexual, fue obligada a llevar a término el embarazo producto de la violación y, hasta ayer 30 de octubre la autoridad la mantenía en arraigo domiciliario; además, se le impuso pagar 500 mil pesos al hombre que la violó por concepto de reparación del daño.
Ni la perspectiva de género, ni el Interés Superior de la Niñez fueron tomados en cuenta por Víctor Antonio Jesús Hernández, quien ha cobrado triste fama por revictimizar a una niña que ha tenido que sufrir numerosas violencias y tortura.
Este escándalo ya motivó que la organización “Rebeldes con causa” exija al Congreso del Estado un juicio político contra Víctor Antonio Jesús Hernández por su actuación que calificaron como un acto de barbarie; además de que sea removido del cargo.
La misma organización, integrada por Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Verónica Juárez y Marta Tagle, dio a conocer en un comunicado que “el Fiscal del Estado de Querétaro ha vulnerado los derechos y libertades de siete mujeres más que cuentan con carpeta de investigación, acusadas del delito de aborto, el cual debería estar proscrito por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad reproductiva y prohíbe la aplicación de cualquier ley que criminalice a la mujer o niña por ejercer este derecho. Esta sentencia además es de cumplimiento obligatorio para los fiscales como para los jueces.”
Mientas las mujeres son víctimas de incontables violencias todos los días, el sistema judicial y las fiscalías continúan revictimizando a quienes se atreven a denunciar y a defenderse de sus agresores.
En México, de cada 100 delitos que se cometen, solo el 6,4 por ciento se denuncian.
Las numerosas agresiones contra las mujeres quedan impunes. Y a las y los fiscales, ¿quién los sanciona cuando no actúan con perspectiva de género? ¿Hay consecuencias para sus actos si no respetan el Interés Superior de la Niñez?
No hay sanciones, no hay consecuencias. Y esto también forma parte del problema y de la impunidad.