El feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de 21 años originaria de Canarias y alumna de la Universidad de Granada que realizaba un intercambio estudiantil en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ha conmocionado a las comunidades universitaria e internacional. Claudia fue atacada con un arma blanca el 12 de septiembre de 2026 en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, falleciendo tras intentar resguardarse en el recinto.
Este hecho es la manifestación clara de la violencia estructural sistémica en contra de las mujeres, en la que la juventud y la vulnerabilidad del entorno se cruzan para mostrar que ninguna mujer está a salvo, sin importar su origen.
Las estudiantes universitarias en México enfrentan condiciones de vulnerabilidad que las exponen a acoso y hostigamiento; de acuerdo con cifras oficiales, hasta 8 de cada 10 estudiantes reportan haber sufrido alguna forma de violencia (psicológica, sexual o física) en sus entornos académicos, comunitarios o de pareja.
La evidencia estadística del INEGI muestra que la violencia de género contra las universitarias es cometida principalmente en su entorno escolar por sus propios compañeros de clase en un 47 por ciento, seguidos por docentes y personal administrativo.
Una serie de factores que contribuyen a crear condiciones de vulnerabilidad para las jóvenes universitarias son la falta de transporte público y seguro, la iluminación insuficiente en espacios públicos cercanos a los campus y la inseguridad en las cercanías, lo que las expone a robos, asaltos, feminicidios en grado de tentativa y agresiones graves.
Esto coincide con las demandas expresadas por el alumnado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) —organizado a través de iniciativas como Resistencia Estudiantil y colectivas como Morras contra la Violencia Institucional— articuló una serie de exigencias, tras el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán en marzo de 2026 y los posteriores de Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes y la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte Aguilera:
Infraestructura de seguridad y transporte universitario seguro, iluminación adecuada, cámaras funcionales y botones de pánico. Cero tolerancia y sanciones efectivas a agresores: Integrantes del movimiento han denunciado que la administración universitaria suele limitarse a reubicar a docentes o alumnos agresores en otros planteles o sedes regionales (como Mazatepec o Cuautla), vulnerando a otras estudiantes en lugar de sancionar o expulsar a los responsables. Exigen que el Protocolo de Actuación para la Prevención y Atención de Violencia de la UAEM no sea una recomendación optativa, sino una política sistémica con consecuencias jurídicas y administrativas.
Se ha criticado la falta de respuesta oportuna de las autoridades universitarias en momentos críticos. En el caso de Kimberly Joselín, la colectiva denunció que la rectoría tardó cerca de 10 días en entregar los videos de las cámaras de seguridad a la familia y a la fiscalía para agilizar su localización.
El movimiento ha solicitado la remoción de autoridades responsables de omisiones y la apertura de un diálogo transparente que resuelva la crisis estructural de seguridad en la institución.
Los feminicidios de estudiantes en estados como Morelos, Estado de México, Puebla y Ciudad de México evidencian las fallas estructurales tanto en la prevención institucional como en el acceso a la justicia.
A nivel estatal, la emergencia es crítica. El estado de Morelos ocupa el primer lugar nacional en tasa de feminicidios, al registrar 2.02 víctimas por cada 100 mil mujeres, una cifra que casi cuadruplica la media nacional de 0.55. A este panorama se suma una impunidad estructural: la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) ha documentado más de 1,500 feminicidios en la entidad desde el año 2000, frente a los cuales las autoridades solo reportan unas cuantas decenas de sentencias. La falta de investigaciones exhaustivas y con perspectiva de género alimenta un círculo de impunidad que perpetúa los crímenes contra las mujeres.