La Fiscalía General de la República mandó archivar la investigación por lavado de dinero que determinó la salida del ministro Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia el 18 de junio de 2019.
Con aquella acusación, que hoy se reconoce sin sustento, un ministro de la Corte fue sometido a la doble amenaza de ser desaforado y encarcelado si no entregaba la posición de ministro que el Presidente necesitaba para inclinar a la Suprema Corte a su favor.
En dos tiempos
Primero, mostrando a los otros ministros hasta dónde estaba dispuesto a manipular la justicia para cambiar los equilibrios de la Corte y tenerla bajo amago. Segundo, ocupando el lugar del ministro defenestrado con una figura afín a su gobierno.
Lo que vimos después fue a una Suprema Corte extraordinariamente cauta, que aplazó sine die los asuntos fundamentales que le planteaba la ilegalidad de muchas decisiones del Presidente y la inconstitucionalidad de muchas de sus nuevas leyes.
En ese impasse estamos todavía.
Pareció por un momento, después de aquel episodio, que el Presidente capturaría a la Corte, cuyo silencio frente a la arbitrariedad ejercida contra uno de sus miembros se parecía bastante a la rendición política.
Aparte del sustituto del ministro defenestrado, el Presidente iba a nombrar durante su gobierno a otros tres. Tendría al final una Corte capturada.
No ha sido así, o no del todo.
La Corte ha hecho maromas discursivas y aplazado sus pendientes mayores para no chocar con el Presidente, pero ha mostrado también, en cuestiones importantes, que pese a todas las presiones “aún hay jueces en Berlín”.
Es de justicia elemental, ahora que el ciclo de la manipulación terminó, repetir lo que la fiscalía ha reconocido: que acusó a un ministro de la Corte de delitos que no tenían sustento. Y recordar que la Corte no pudo en su momento sino mirar a otra parte, callar y obedecer.
La voluntad presidencial de avasallar a la Suprema Corte que ilustra el caso de Medina Mora, bastaría para explicar por qué el índice de The Economist no considera ya a México una democracia.
hector.aguilarcamin@milenio.com