Las autoridades fiscales arrancarán 2026 con un aumento de facultades legales temibles. Me refiero a los cambios al Código Fiscal de la Federación incluidos en la Ley de Ingresos de 2026.
Mediante esos cambios, el SAT podrá definir, con sólo publicarlas en su portal y en el Diario Oficial de la Federación, cuáles son las empresas factureras que va a castigar, es decir las empresas que emiten facturas falsas para evitar pago de impuestos.
Una vez listadas tales empresas, el SAT podría solicitar contra sus operadores la pena de prisión preventiva oficiosa, es decir, la cárcel sin juicio previo.
No solo las empresas factureras podrán recibir este trato. También sus clientes, quienes hayan comprado facturas falsas en esas empresas para evadir pago de impuestos.
A las empresas que hubieran comprado facturas falsas, el SAT podría cancelarles los sellos fiscales y congelarles las cuentas bancarias, de modo que no podrían seguir operando legalmente como empresas. Es decir: quedarían clausuradas.
El SAT podría pedir para esas empresas compradoras de facturas la misma pena de prisión preventiva oficiosa, la cárcel automática.
Los rasgos opresivos de este cerco fiscal, consisten en que los indiciados por el SAT no tienen posibilidad de defenderse de las acusaciones, y pueden ir a la cárcel al ser acusados, antes de un juicio o de una discusión de pruebas.
Se trata, creo, de una expansión de facultades punitivas sin precedentes: poder encarcelar con solo acusar.
Algo semejante ocurre con la disposición de que, cuando el SAT defina que un contribuyente tiene un adeudo fiscal, el contribuyente sólo puede defenderse si antes deposita el monto del adeudo en el Banco del Bienestar.
Es decir, que, para defenderse, el contribuyente debe pagar antes.
Estas facultades punitivas pueden alegarse como necesarias para cobrar impuestos que se evaden mañosa o ilegalmente. Pero los riesgos de atentados que hay en estas medidas legales son enormes.
Autorizan el uso de un poder tiránico sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos.
El cerco fiscal con el que abre 2026 no augura nada bueno. Le da al SAT poderes excesivos que pueden atentar, sin defensa, contra la libertad y contra el patrimonio de los contribuyentes.