M+.- El derecho a la información apareció en las leyes mexicanas como un derecho de la sociedad a saber lo que hacía y sabía el gobierno.
En particular, cómo gastaba el dinero y cómo iban las cosas en el país en todos los ámbitos: la economía, la salud, la seguridad, la educación.
Es decir, información de lo que hacía el gobierno en todos los ámbitos, información que sólo el gobierno tenía, podía tener o debía generar.
El acceso a la información oficial era tan restringida que, una vez al año, durante el informe presidencial, todos los mexicanos podían saber, por generosidad informativa del presidente, cuántas eran las reservas internacionales del Banco de México.
El derecho a la información era un derecho de la sociedad desinformada frente al gobierno, una ampliación de los derechos de la sociedad.
Esto empezó a plantearse con la reforma política de 1977/78, la que abrió el camino a la democratización mexicana.
La agenda gubernamental de hoy dice querer ampliar aquellos derechos de la sociedad. Pero la agenda no está dirigida al gobierno, sino a los medios.
Camino a este proyecto de tutelaje gubernamental de las audiencias, el gobierno ha desmantelado el andamiaje institucional que garantizaba los derechos a la información de la sociedad frente a su gobierno.
En los últimos años han sido destruidos casi todos los instrumentos que permitían acceder a la información del gobierno, cuya manía de esos mismos años ha sido, en cambio, reservarse información oficial por razones cada vez más caprichosas.
La deriva actual del gobierno para tutelar el “derecho de las audiencias” frente a los medios sustituye, quiere borrar, el verdadero derecho de información de la sociedad frente al gobierno.
Aquel derecho a la información de la sociedad, sustantivamente democrático, ha dado una vuelta de ciento ochenta grados.
Ahora, bajo el disfraz de la protección de las audiencias, el gobierno quiere exigir a los medios exactitud en la información que no está dispuesto a entregarle a la sociedad.
Vigila al mensajero, en lugar de rendirle cuentas a los ciudadanos. Es una astucia autoritaria, una usurpación de los derechos de información de la sociedad frente al gobierno.