M+ Mal parece haber salido la entrevista de la presidenta Sheinbaum con Markwayne Mullin, secretario de Homeland Security de Estados Unidos, el fin de semana pasado.
El comunicado oficial de Mullin sobre la visita, cortesías diplomáticas aparte, dice que el primer punto acordado fue “fortalecer los esfuerzos de México contra los narcoterroristas”. Los esfuerzos de México, no los de Estados Unidos.
Jorge Fernández Menéndez leyó con sutileza esta frase, en su columna regular, diciendo que expresaba la molestia de Mullin por las negativas de la Presidenta a entregar a Rocha Moya y asociados.
Menéndez incluyó en su columna una relación de otras peticiones de extradición que Mullin habría puesto, como ya preparadas, sobre los siguientes personajes: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, con 22 coacusados; la gobernadora de Baja California, Marina Del Pilar Ávila, con 12 coacusados; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con 9 coacusados, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, con 11.
Buenas fuentes debe tener Menéndez para arriesgar esa precisión en el número de coacusados. Imposible comprobar su exactitud, pero para ningún mexicano atento a los vínculos de Morena con el crimen, no es ninguna sorpresa que puedan estar en capilla los gobernadores mencionados y su colega bajacaliforniana.
De hecho, faltan en la lista de Menéndez nombres pesados que están en todas las otras, como Mario Delgado, el secretario de Educación, y Adán Augusto López, senador en funciones.
Terrible presión caería sobre el gobierno mexicano si se concretan las peticiones adicionales de extradición mencionadas.
El gobierno no sabe ya qué hacer sólo con la de Rocha Moya y con sus efectos negativos en la opinión pública, al punto de que pretende empatar los cartones acusando a la gobernadora de Chihuahua de traición a la patria porque cuatro agentes de la CIA participaron, en un operativo de fuerzas mexicanas contra un narcolaboratorio refugiado en un municipio chihuahuense que gobierna Morena.
La relación del desencuentro de la Presidenta y Mullin en Palacio, puede no ser exacta en sus detalles, pero desde luego es expresiva de la presión creciente de Washington para que México detenga narcopolíticos.
Ya no solo capos del crimen, como hasta ahora, sino narcopolíticos en funciones, como Rocha Moya y sus nueve.
Se diría que esto apenas empieza.