M+.- Una vieja ceguera de la cultura política mexicana es suponer que el gobierno tiene dinero propio, que le cae del cielo y que, de algún modo, es su dueño y tiene derecho a usarlo como quiera.
La pedagogía de esa ceguera ha sido larga y efectiva, facilitada por el hecho de que el gobierno en México ha tenido muchas empresas públicas, y alguna de ellas, Pemex por ejemplo, en algún momento, tuvo muchos excedentes que iban al erario, de modo que parecía que el gobierno era rico por su propio mérito, por ser dueño de Pemex.
Para muy pocos estaba claro que incluso esas empresas públicas rentables no eran del gobierno, sino de los mexicanos, y que los gobiernos en turno debían cuidar ese patrimonio con particular dedicación y patriotismo, porque estaban cuidando el patrimonio de todos.
Sucedía fundamentalmente lo contrario. Lo que era de todos no era de nadie, y se lo podía quedar el primer vivales que lo tuviera a mano.
El gobierno y sus políticos solían disponer de las empresas y de los recursos públicos como si fueran su patrimonio, sin rendir cuentas, usando las instancias de poder y gobierno como camino de enriquecimiento personal.
Era tan común, tan familiar, tan dominante esa costumbre del patrimonialismo burocrático, el uso de recursos públicos como si fueran patrimonio personal, que la cultura política mexicana llegó a consagrar dichos populares tan cínicos y resignados, como: “Que roben, pero que repartan”.
O dichos picarescos de políticos que explicaban su oficio diciendo: “Tiburón que no salpica, no es tiburón” (Francisco Pérez Ríos, líder del sindicato electricista 1960-1975).
El tiburón parido por la 4T roba mucho, pero salpica mucho también.
Ha vaciado de ahorros la hacienda pública, ha subido en 11 billones la deuda nacional, ha exprimido a los contribuyentes. Ha creado una nueva clase política corrupta, ligada al crimen, y ha desmontado la democracia en México.
Se trata de un temible tiburón, pero de un tiburón que salpica. Depreda y se queda con todo el poder que puede, pero reparte en efectivo un billón de pesos cada año a 42 millones de mexicanos.