Los hechos, atrozmente, van dictándole al gobierno cuál es su gran asignatura pendiente. Su asignatura con A.
Es atajar el crimen, proteger a los mexicanos del horror que el crimen es capaz de imponer a la sociedad mexicana, con la complicidad, la omisión o la incapacidad de las autoridades.
El fracaso de los gobiernos frente al crimen es evidente en muchos estados de la república. El horror criminal es la norma, no la excepción, en esos estados.
Los estados fracasan. Para atajar la barbarie que brota de las fosas del crimen y de sus campos de entrenamiento y exterminio, sólo quedan los recursos del gobierno federal.
No son pocos, pero han sido militarizados. Se ha reducido el espacio institucional de seguridad pública en manos de autoridades y cuerpos civiles.
Primera pregunta: “¿Dónde están los cuerpos militares a los que se ha encomendado constitucionalmente la seguridad pública de los mexicanos? ¿Cuándo empezarán a dar resultados?
La seguridad pública que descuidó el gobierno, es hoy su mayor debilidad interna y también su mayor debilidad internacional.
En ese punto está centrada la presión del gobierno estadunidense y, aunque el gobierno va cambiando su estrategia en la materia, los hechos caminan más de prisa, muestran que el daño es mucho mayor de lo pensado.
El horror del crimen empieza a plantear un problema existencial para México.
Hay todavía un tercer espacio donde los niveles de horror alcanzados por el crimen mexicano son la asignatura impostergable.
Y ese espacio es el de la moral. El de la moral política de gobierno.
¿En qué parte del “humanismo mexicano”, doctrina por la que dice regirse el gobierno federal, cabe un nivel de horror como el alcanzado por el crimen en México?
¿En qué mandamientos de ese humanismo se autoriza al gobierno a la indiferencia o la inacción frente a las cotas de brutalidad que el problema ha alcanzado en los últimos años?
¿Cómo pueden convivir en el mismo espacio público unas autoridades humanistas que no combaten la inhumanidad del crimen que su sociedad ha engendrado?
¿Cómo pueden estas autoridades no sólo convivir, sino en muchos estados, ser cómplices activas del horror criminal?