M+.- Las capturas del INE y del Tribunal por el gobierno son parte de una realidad mayor que tiende a invisibilizarse en los análisis, las encuestas, el debate político y, desde luego, en el discurso oficial.
Esa realidad es el gran elefante que hay en la sala, del que apenas se habla, un elefante cuya anormalidad se ha ido normalizando, con una especie de resignación analítica.
Me refiero al hecho de que México no es un sistema político democrático. Es una dictadura germinal en crecimiento, de la que han sido suprimidos los contrapesos, los órganos autónomos, la independencia judicial, mientras se tiene en el Congreso una mayoría constitucional obtenida mediante burdas multiplicaciones de los escaños de la alianza gobernante, y una disminución, no menos ilegal y desfachatada, de las fuerzas de oposición.
Es imposible en esas condiciones tener elecciones verdaderas. El gobierno es dueño de todo el terreno institucional y representa sólo a los partidos oficialistas, en especial a Morena, en cuyo servicio están puestos, por ejemplo, los programas y los recursos humanos de la Secretaría del Bienestar, la cual reparte, entre 42 millones de beneficiarios, un billón de pesos cada año. Un millón de millones de pesos.
El reparto se hace sustancialmente a nombre de Morena, sino es que a nombre de la Presidenta, como lo hizo el secretario de Educación.
Así lo hacen en todo el país, previsiblemente, los veinte mil Servidores de la Nación, contratados por la propia Secretaría del Bienestar, para que funjan como activistas, como cuadros territoriales, de Morena.
Al uso de las instituciones y del presupuesto para la causa electoral del gobierno, hay que agregar las alianzas de éste con el crimen, alianzas que se hicieron “normales” durante el gobierno de López Obrador, y hasta la elección de Claudia Sheinbaum.
La hegemonía morenista está manchada por sus acuerdos con el crimen en muchas partes del territorio, donde el crimen explica su fortaleza electoral y, luego, su corrupción gubernativa.
Nada de esto aparece en las encuestas, ni en los análisis de preferencias electorales. Pero es, en el fondo, lo que explica todo: una monstruosa anormalidad normalizada.