Tras el pasado terremoto de 7.4 grados que afectó a Colombia el gobierno mexicano manifestó su disposición para enviar un equipo especializado en búsqueda, rescate y atención médica. Sin embargo, las autoridades colombianas no autorizaron inicialmente el ingreso y operación del equipo oficial mexicano. La decisión generó cuestionamientos, especialmente porque México cuenta con una amplia experiencia internacional en atención de desastres y porque, conforme avanzó la emergencia, Colombia recibió o consideró asistencia procedente de otros países.
La primera explicación ofrecida por las autoridades colombianas fue de carácter operativo. El Gobierno sostuvo que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo disponía de suficientes capacidades internas para atender las labores de búsqueda y rescate. De acuerdo con la información difundida, Colombia contaba con 23 equipos especializados USAR, por lo que en las primeras horas posteriores al sismo no consideró necesario activar de manera general la recepción de grupos internacionales de rescate. La prioridad para la cooperación extranjera se habría concentrado, en cambio, en hospitales de campaña, alimentos, equipo y apoyo logístico.
La situación adquirió una dimensión distinta en el caso de México. La presidentE Sheinbaum señaló que las autoridades colombianas estaban requiriendo una certificación adicional al equipo de rescate del Ejército mexicano para permitirle participar directamente en las operaciones. México estaba enviando un contingente de 255 elementos, integrado por personal médico, especialistas en búsqueda y rescate y binomios caninos. La extraña exigencia de una certificación específica en un momento como ese, abrió la discusión acerca de si se trataba de un requisito técnico ordinario o de una condición aplicada de manera particular solo al contingente mexicano.
A esa controversia se agregó un posible componente político. Javier Pava, quien había encabezado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y participó inicialmente en la atención de la emergencia, señaló públicamente que habría existido resistencia dentro del nuevo Gobierno colombiano para aceptar la ayuda procedente de México. Según su versión, esa posición podría relacionarse con diferencias políticas entre las nuevas autoridades colombianas y el Gobierno de Sheinbaum. El canciller colombiano, Omar Bula, rechazó esa interpretación y sostuvo que Colombia no había discriminado a ningún país por motivos ideológicos.
El debate se intensificó porque, mientras el contingente oficial mexicano permanecía sujeto a requisitos para su autorización, Colombia terminó admitiendo o gestionando cooperación internacional de otras procedencias. Además, integrantes de “Topos Azteca” sí ingresaron y participaron en tareas de búsqueda en Cali, aunque lo hicieron independientemente del contingente oficial enviado por el Gobierno mexicano. Esta circunstancia alimentó las dudas sobre la uniformidad con la que se aplicaron los criterios para admitir a los grupos extranjeros.
La cuestión que nos deberá explicar la cancillería mexicana, es qué certificación fue requerida al equipo mexicano, cuál es su fundamento dentro de los protocolos colombianos e internacionales de búsqueda y rescate y, sobre todo, si la misma condición fue exigida a todos los equipos extranjeros autorizados para participar. Esa comparación permitiría establecer si Colombia aplicó objetivamente sus protocolos de protección civil o si existió un trato diferenciado hacia México simplemente por su gobierno de corte socialista, de todas formas, si rechazaron nuestra ayuda por temas ideológicos, es un insulto a nuestro país.