De acuerdo a la doctrina internacional el pago de Impuestos está sujeto a tres elementos indispensables que los tornan obligatorios, primero obedece al hecho de que esta potestad es concebida como un poder jurídico, lo que implica que no admite cuestionamiento que ponga en duda su existencia o legitimidad, es decir, la opinión de los sujetos obligados es completamente irrelevante.
El segundo elemento concibe que esta potestad genera contribuciones forzadas y demanda conductas de los gobernados que no están sujetas a su aceptación y por ende, son de naturaleza obligatoria.
Pero finalmente, el tercer elemento advierte sobre el destino que deben perseguir las contribuciones, que en todo momento se centra en los gastos públicos necesarios para cumplir con las funciones del Estado-nación. Este es el punto más importante de la relación ya que Este es el único elemento de la definición de la potestad tributaria de los Estados-nación que trata de justificar la obligación del pago de los impuestos, y al perderse este elemento, volvemos al estado de ilegitimidad o de una autoridad basada en un simple poder bruto. (Gutiérrez López, Sandoval Figueroa, Dávila Cota)
En nuestro país, al igual que en la mayoría de los países, esa obligación está contenida en nuestra Constitución, precisamente en la fracción IV del artículo 31, que precisamente obliga a contribuir al gasto público tanto de la Federación, estados y municipios, estableciendo como principios los de proporcionalidad y equidad así como el de legalidad, pero estableciendo forzosamente el destino al gasto público.
Además de estos principios que ya vienen en nuestra carta magna desde la de 1857, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, incluyó vía Jurisprudencia, bajo la voz “OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD”, uno igual de relevante que es el de “Solidaridad” al establecer que la propiedad tiene una función social que conlleva responsabilidades, entre las cuales destaca el deber social de contribuir al gasto público, a fin de que se satisfagan las necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o a un interés social, por lo que la obligación de contribuir es un deber de solidaridad con los menos favorecidos, en base a una interpretación conjunta de los artículos 3o. y 25 del texto fundamental, consistentes en la promoción del desarrollo social -dando incluso una dimensión sustantiva al concepto de democracia, acorde a estos fines, encauzándola hacia el mejoramiento económico y social de la población- y en la consecución de un orden en el que el ingreso y la riqueza se distribuyan de una manera más justa.
Esto tiene un gran efecto psicológico en la mente de los contribuyentes ya que, sí está viendo que el pago de sus impuestos se destina al gasto público lo hace con poca o nula oposición y contrario a ello si no hay transparencia y adecuada rendición de cuentas, simplemente, en el mejor de los casos, pagará solo por la naturaleza coactiva del pago, pero sin estar convencido de ello, o de plano se negará a pagar o pagará solo una parte de lo que realmente le corresponde.
Eso es lo que está pasando en nuestro país, cuando el gobierno federal reiteradamente se niega a rendir cuentas y transparentar el destino de los recursos públicos, en especial de conceptos que, a juicio de muchos contribuyentes, existe un gran despilfarro, como has sido la mayoría de gastos e inversiones durante este sexenio, podemos recordar desde aquella compra de pipas, que hasta se formó una comisión especial para acudir a gran velocidad a comprarlas al extranjero, pipas que nunca vimos, ya no digamos el costo real de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, NAICM, y el costo de su sustituto, la central Avionera (Bodega Aurrerá G. Felipe Ángeles); o cuanto se gasto en el Tren Maya; lo que costo y en cuanto se vendió el famoso avión del presidente; ya no digamos La Farmacia del Bienestar que solo surte un promedio de tres, sí, tres recetas diarias, o que podamos conocer el verdadero costo (y todo lo que falta) de la Refinería Olmeca (Dos Bocas) que ha pesar de sus simuladas operaciones, los expertos afirman que en el mejor de los casos podrá operar en realidad hasta el 2027; o el Tren Interurbano México-Toluca; la Carretera Oaxaca-Puerto Escondido; el Tren suburbano Ciudad de México-Santa Lucía; el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, entre muchas otras, que han vuelto millonarios a muchos cercanos a la CuatroTé.
De todas estas obras, el gobierno federal no permite a los ciudadanos accesar a la información básica, en varias de ellas por supuestos motivos de seguridad nacional, y hace unos días conocimos que el Consejo de Administración de Pemex “reservo” de forma total y confidencial el informe de evaluación físico y financiero de Dos Bocas al considerar que su divulgación puede comprometer los intereses económicos del país.
Pero el golpe más fuerte al contribuyente cumplido es el “regalo” de 16,800 barriles de petróleo crudo por día y 3,300 barriles de productos petrolíferos solo a mayo de2024 y crudo por más de 400 millones de dólares en 2023; así mismo se donaron tractores, insumos agrícolas y un vivero a Cuba, sello hay que adicionar más de 112 toneladas de equipo eléctrico bajo la figura de asistencia humanitaria” valuados en casi 13 millones de pesos y el envió de asistencia técnica por conducto de técnicos de la CFE.
Pero lo más preocupante es el alto costo que México paga al Gobierno cubano por los sueldos de los miles de médicos que operan ilegalmente en nuestro país al no contar con Cédula Profesional y que nuestro país utiliza para fondear al gobierno cubano, no obstante que tenemos miles de médicos mexicanos desempleados o sub-empleados.
A esto, debemos sumarle los saldos de todos los fideicomisos que extinguieron y que también se niegan a trasparentar.
Luego vienen un alto porcentaje de mexicanos (más del 50%) que no solo no contribuyen al gasto público al moverse en la economía informal, sino que además exigen puntualmente las dádivas disfrazadas de programas sociales que regala indiscriminadamente el gobierno federal.
Con ese nefasto comportamiento se rompe el principio fiscal y democrático de que sí todos tienen reconocido el pleno ejercicio de sus derechos políticos todos deberíamos de pagar impuestos que estén en relación con nuestra renta personal.
Al ocultar el gobierno federal el punto más importante de la ecuación, que es el destino de gasto público, regresamos en la materia fiscal a las épocas donde el cobro de los impuestos es solo realizado por la fuerza sin conocimiento alguno, y mientras en otros países han evolucionado al modelo de bienestar del “hogar público” al sentirse, propietario del estado junto con el resto de los contribuyentes. El ciudadano del siglo XXI está dispuesto a contribuir, pero exige que su opinión sea tomada en cuenta a la hora de decidir los gastos públicos y más aun conocer el porqué y donde y como se gastan sus impuestos.
Debemos volver al país donde el evasor debe ser visto no como un héroe que burló al gobierno que se burla de el, sino que deber ser visto como el moderno explotador de sus conciudadanos puesto que disfruta de los bienes y servicios proporcionados por el estado (hogar público) sin haber contribuido a financiarlos en la medida que le corresponde. (Delgado Lobo)
Para regresar a ese modelo, necesitamos que el gobierno entrante garantice seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada, pero lo más importante, transparencia y rendición de cuentas, con ello los contribuyentes asumirán las leyes fiscales como obligaciones morales, de lo contrario volveremos a modelo en que la coacción es el fundamento de la tributación y hablaremos de “impuesto” nuevamente y ya no de “contribución”
Felicitaciones a los nuevos Consejeros Electorales del IEPC Jalisco, gracias a los que terminaron su encargo, gran trabajo por la democracia.