Contrario a algunas posturas que abogan por mantener el control de las instituciones públicas en manos de una élite gubernamental o partidista, en la academia y en diversas plataformas ciudadanas se defiende firmemente la idea de ciudadanizar lo público. Este concepto representa mucho más que una consigna; implica el empoderamiento real de los ciudadanos y su participación activa en la fiscalización, el diseño y la implementación de políticas públicas. Ciudadanizar lo público es, en esencia, abrir espacios en los que la ciudadanía tenga voz y voto sobre las decisiones que afectan su entorno, aportando transparencia y revitalizando la confianza en el sistema democrático.
Las democracias, con el tiempo, acaban siendo más sistemas de rutina y menos sistemas de innovación. Esta frase refleja una realidad cada vez más patente: el desgaste y erosión de las democracias modernas, que, al volverse sistemas cerrados y rutinarios, pierden su capacidad de responder a las demandas de cambio social y económico. El resultado es una creciente desconfianza en las instituciones democráticas, que para muchos ciudadanos parecen incapaces de resolver los problemas estructurales de la sociedad. La falta de credibilidad en las democracias no es solo un síntoma, sino también una amenaza: sin confianza ciudadana, el sistema se debilita y se expone a prácticas que buscan capturar el poder y las instituciones en beneficio de unos pocos.
En México, el desarrollo de organismos constitucionales autónomos fue un avance significativo hacia la ciudadanización de lo público. Estas instituciones, como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Comités de Participación Ciudadano y Social del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, surgieron como reflejo del empoderamiento ciudadano y el reclamo social por participar en las decisiones que afectan la vida pública. Sin embargo, estos logros no están exentos de desafíos. Viejas prácticas de captura y manipulación de instituciones amenazan constantemente su autonomía, debilitando los espacios ciudadanos y los mecanismos de control y fiscalización que estos organismos representan.
Los organismos autónomos, en teoría, deberían ser espacios de rendición de cuentas y vigilancia del poder público, garantizando que el ejercicio del poder esté orientado al bienestar de la sociedad y no a intereses particulares. No obstante, en la práctica, hemos visto cómo ciertas administraciones y actores políticos buscan controlar o desmantelar estas instituciones, alegando justificaciones que, en muchos casos, esconden una intención de debilitarlas para facilitar el manejo discrecional de recursos y decisiones. La erosión de estos organismos representa un retroceso en el proceso de ciudadanización de lo público y un golpe a la credibilidad de las instituciones que fueron creadas precisamente para proteger la democracia y fomentar la participación ciudadana.
Ciudadanizar lo público significa, en última instancia, fortalecer la democracia a través de la inclusión y el compromiso de los ciudadanos en los procesos de gobierno. Implica construir un sistema que responda a las demandas de la sociedad y que permita que cada persona tenga un rol activo en la supervisión y desarrollo de políticas que les afectan. Al abrir las puertas de lo público a la participación ciudadana, no solo se promueve la transparencia, sino que se combate la captura de las instituciones y se restaura la confianza en un sistema que, si bien imperfecto, tiene el potencial de renovarse y responder a las aspiraciones colectivas.
La tarea no es sencilla. Requiere voluntad política y el compromiso constante de la ciudadanía para exigir que estos espacios se mantengan libres de interferencias y respondan a los intereses de la sociedad. Ciudadanizar lo público, significa apostar por un modelo de democracia en el que el gobierno no solo sea para el pueblo, sino verdaderamente del pueblo, en donde cada ciudadano pueda sentirse partícipe y responsable del rumbo de la nación.
@dr_hector