En los últimos meses, México ha vivido etapas críticas de su vida política y gubernamental. Primero, un proceso electoral marcado por precampañas adelantadas, donde, pese a las expectativas de una contienda cerrada según la oposición, el resultado fue contundente. Después, llegaron los debates sobre la distribución de representación proporcional en las cámaras legislativas, mostrando interpretaciones divergentes sobre la Constitución. Finalmente, el Tribunal Electoral y el INE otorgaron la mayoría calificada a la 4T en la Cámara de Diputados y, tras varias sorpresas, también lo consiguieron en el Senado.
Con esa mayoría, la presidenta Sheinbaum impulsó las reformas constitucionales prometidas en su campaña, destacando la polémica Reforma Judicial. Desde el Poder Judicial surgieron amparos y acciones de inconstitucionalidad, pese a que la Ley de Amparo prohíbe explícitamente su uso contra reformas constitucionales. Esto desató un debate jurídico donde abundaron argumentos más políticos que legales, con intentos por frenar la elección popular de jueces, magistrados y ministros. La prensa comenzó a hablar de una “crisis constitucional” y de un tránsito hacia un régimen autoritario.
Mientras tanto, defensores de la reforma señalaron problemas profundos en los poderes judiciales, como el nepotismo y el amiguismo en los nombramientos, aunque reconocieron que también hay figuras valiosas y capaces en el sistema. Sin embargo, el paro judicial derivado de este conflicto exacerbó los ya notorios retrasos en la impartición de justicia, contribuyendo a lo que puede considerarse una crisis institucional.
El enfrentamiento entre la Suprema Corte, el Ejecutivo y parte del Legislativo se tradujo en debates mediáticos estériles. Aunque la Corte aceptó discutir la Reforma Judicial, no alcanzó los votos necesarios para frenarla. Ahora, la reforma avanza sin procesos legales que puedan detenerla, marcando un punto de inflexión en el sistema judicial.
Lo rescatable de este panorama es que la Reforma Judicial ha despertado interés público. Muchas personas comenzaron a cuestionarse: ¿qué hace la Suprema Corte? ¿Qué implica elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular? Aunque no todos participan en esta conversación, el número de ciudadanos reflexionando sobre el Poder Judicial ha crecido, y eso es un avance democrático.
Con la resolución de la Corte, parece que estamos dejando atrás la crisis constitucional para enfrentar una crisis institucional. El desafío ahora será observar cómo se implementan estos cambios, cómo se votará y cómo responderá el Poder Judicial ante el relevo de sus integrantes. El riesgo de una parálisis judicial persiste, pero también existe la oportunidad de renovar y fortalecer la confianza en nuestras instituciones.
La elección de jueces y magistrados por voto popular representa un cambio sin precedentes en nuestro sistema judicial, y su éxito dependerá en gran medida del compromiso cívico y de la vigilancia constante para asegurar que estos nombramientos reflejen verdaderamente los intereses y valores de la sociedad mexicana impartiendo justicia pronta, expedita e imparcial, y no obedezcan a intereses político-partidistas.
@dr_hector