Un Estado de Derecho implica que el poder del gobierno está limitado por la ley y que todos los ciudadanos tienen derechos y libertades fundamentales protegidos, con mecanismos jurídicos disponibles para defenderlos y garantizar su cumplimiento. Esto asegura que la ley es suprema y que nadie, ni siquiera los gobernantes, están por encima de ella.
El Estado de Derecho y la Democracia están intrínsecamente relacionados y se refuerzan mutuamente en un sistema político que aspira a ser justo, legítimo y respetuoso de los derechos humanos. En un sistema político verdaderamente democrático, se debe velar por el respeto al Estado de Derecho, y, a su vez, un país que aspire a un Estado de Derecho debe promover los valores de la democracia. Dicho de otra manera, no hay Estado de Derecho sin democracia, ni democracia sin Estado de Derecho.
Este no es un simple juego de palabras. México aspira a ser una democracia plena, donde se respete la voluntad del pueblo. Esa voluntad puede expresarse de muchas maneras, pero en las democracias, las mayorías suelen imponerse. Estas mayorías se expresan principalmente a través del voto y la representación popular. Cada tres y seis años, la mayoría de los ciudadanos mexicanos acudimos a las urnas para elegir a nuestros representantes: presidente de la república, senadores, diputados federales y locales, así como presidentes municipales y regidores.
Sin embargo, nuestros procesos electorales no siempre son pulcros, limpios o imparciales. Por esta razón, las normas jurídicas han configurado un sistema electoral que permite a quienes aspiran a cargos de elección popular defender, mediante los procedimientos legales establecidos, lo que consideran violaciones al proceso electoral, tanto en campañas como en elecciones. Nuestra democracia, por lo tanto, prevé que se respete el Estado de Derecho, al ofrecer la posibilidad de impugnar ante los órganos jurisdiccionales pertinentes. Estas instituciones —el instituto electoral y los tribunales electorales— actúan como árbitros para investigar, estudiar, analizar y resolver las impugnaciones presentadas.
En este contexto, existen tres instancias legales a las que los candidatos pueden recurrir para intentar hacer valer, de manera legal y democrática, lo que consideran agravios, violaciones o anomalías en los procesos electorales. En un país demócrata y donde se aplique el Estado de Derecho, no se debería criticar a los candidatos por ejercer su derecho de impugnar los resultados y aportar pruebas ante las autoridades electorales, buscando que éstas les otorguen la razón.
Es por ello que me resulta sorprendente leer y escuchar declaraciones de diversos actores políticos —gobernantes y candidatos— que critican a aquellos que recurren a las instancias previstas para impugnar los resultados. Algunos los llaman "malos perdedores" e incluso organizan marchas en su contra. Sin embargo, más allá de quién tenga la razón, no podemos ni debemos coartar el derecho que una democracia y un Estado de Derecho otorgan a quienes se consideran agraviados. Hacerlo implicaría, en esencia, no ser demócratas. Si los que han impugnado lo han hecho siguiendo los cauces legales, en lugar de criticarlos, deberíamos aplaudir que se utilicen los canales e instancias previstos para resolver sus inconformidades.
Por el contrario, si alguien intentara revertir los resultados de un proceso electoral con actos violentos o al margen de la ley, entonces sí estaríamos en condiciones de exigir que se respeten las instancias procesales y las determinaciones de las autoridades electorales.
Por ello, reflexiono e invito a reflexionar al respecto. Más allá de filias y fobias, y de preferencias electorales, si nos concebimos como demócratas, no podemos ni debemos coartar el derecho que tienen los candidatos a hacer valer lo que ellos y sus respectivos equipos consideran agravios, violaciones o incluso fraudes en los procesos electorales. Sería un acto totalmente antidemocrático exigir que no hagan valer sus derechos establecidos por la ley, y descalificarlos llamándolos “malos perdedores”, puesto que el proceso electoral culmina hasta que se agoten todas las instancias previstas por la ley. En este sentido, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la última instancia prevista para resolver acerca de los procesos electorales impugnados.