En el ámbito gubernamental, la eficiencia y eficacia de la gestión pública resultan primordiales, especialmente cuando se trata de la evaluación ciudadana. Esta última puede incrementar o disminuir la confianza en los gobiernos y sus instituciones, partidos políticos y, en general, en los servidores públicos.
La cuestión es: ¿qué factores ayudan a mejorar la prestación de los servicios públicos? Es decir, ¿qué contribuye a la mejora de la gestión pública? No existen recetas únicas ni fórmulas mágicas. Sin embargo, sí existen estudios científicos que han demostrado y comprobado la existencia de elementos básicos que favorecen la mejora en los indicadores de la gestión pública.
Por ejemplo, la profesionalización de la función pública (grado de escolaridad y capacitación permanente) y la experiencia en el empleo o puesto de trabajo son factores clave. Para asegurar ambas cualidades en el servicio público, se ha recurrido a la institucionalización de los sistemas de servicio civil de carrera (SCC).
Los SCC garantizan la democratización y transparencia en la administración de los recursos humanos. Es decir, en los procesos de reclutamiento, selección, contratación, capacitación, promoción y, en su caso, separación del cargo. Todos ellos proporcionan estabilidad y certeza laboral. Esto genera un compromiso ético profesional por parte de los servidores públicos, quienes desean hacer una carrera profesional dentro del gobierno, trabajar en equipo y evitar cometer actos de corrupción.
En este sentido, y tras 20 años desde que se aprobó la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, su crecimiento en cuanto a cobertura de plazas ha sido escaso. En promedio, solo el 1.6% del total de las plazas del gobierno federal pertenecen al Servicio Profesional de Carrera. En el ámbito de los gobiernos estatal y municipal, la historia no es muy halagüeña. De las 32 entidades federativas en México, solo 9 tienen una ley estatal que regula el SCC. Según el INEGI, solo 43 municipios cuentan con una ley o reglamento en esta materia. Esto representa el 1.8% del total de ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México, considerando que hay 2,471 municipios y 16 alcaldías en la CDMX.
Pero ¿por qué han sido olvidados los SCC? ¿Qué impide que los tres órdenes de gobierno incrementen el número de plazas sujetas a ellos o implementen e institucionalicen estos sistemas en estados y municipios? La respuesta es el llamado sistema de botín: es decir, el uso de la nómina con fines electorales. En este sistema se premia a quienes participaron en la campaña o son afines al gobernante o partido en el poder y se castiga con despido injustificado a quienes no cumplen con algunos de estos requisitos.
Así es como el gobernante en turno - ya sea presidente municipal, gobernador o incluso presidente de la república - ha permitido la captura de las instituciones. Esto va en detrimento de la mejora en la gestión pública y desperdicia el conocimiento acumulado (experiencia) de los servidores que son separados del cargo sin antes valorar sus aptitudes y capacidades. Y todo esto solo porque necesitan espacio para contratar a alguien que no necesariamente tiene formación profesional, experiencia o conocimiento del área en la cual se va a desempeñar.
Seria muy positivo que durante los próximos comisiones electores, los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular, se pronunciaran al respecto, e hicieran compromisos serios en la materia para implementar los SCC.