La política no se trata solo de gobernar; se trata de que los ciudadanos gobiernen a sus gobernantes con la fuerza de la ley y la transparencia.
Carlos Fuentes
La participación ciudadana en labores de control y fiscalización del ejercicio del gobierno se manifiesta desde diversos espacios y es cada vez más relevante. Está comprobado que, sin las demandas y luchas sociales, muchos de estos mecanismos difícilmente existirían, y el ejercicio gubernamental sería aún más opaco y carente de rendición de cuentas. Este protagonismo ciudadano es un recordatorio constante de que los gobiernos deben estar sujetos al escrutinio público para mantener un mínimo de transparencia y legitimidad.
Sin embargo, esta “rendición de cuentas y fiscalización del ejercicio del gobierno” enfrenta constantemente amenazas derivadas de las tentaciones de los poderes fácticos, grupos políticos y gobiernos en turno, que buscan capturar y apropiarse de los espacios “ciudadanos”. Estos actores intentan colocar estratégicamente a personas afines y leales a sus proyectos, asegurando que no se atrevan a cuestionar, investigar, sancionar o exponer posibles casos de corrupción. Este fenómeno no solo debilita la confianza pública en las instituciones, sino que también frena el avance de la democracia en el país, ya que limita la capacidad de acción de quienes, desde la sociedad civil, buscan genuinamente incidir en la mejora del sistema.
En ocasiones, quienes se presentan como ciudadanos independientes, asegurando no tener conflictos de intereses, en realidad cuentan con un respaldo político poderoso que mueve los hilos para facilitar el nombramiento de perfiles que favorecen sus intereses. Así, lamentablemente, con mayor frecuencia observamos denuncias que evidencian prácticas de “cuotas y cuates”, es decir, nombramientos de jueces, magistrados, consejeros o comisionados que obedecen más a lealtades políticas que a méritos profesionales. La formación, experiencia o conocimientos especializados se relegan, privilegiando el amiguismo sobre las capacidades.
Recientemente, fuimos testigos de nuevos nombramientos de magistrados que, según algunos señalamientos, favorecieron a personas que no obtuvieron las mejores evaluaciones. Esto sugiere que hubo acuerdos tras bambalinas para repartir nuevamente “cuotas” a los “cuates”. Este tipo de prácticas minan la credibilidad de los procesos de selección y siembran dudas sobre la verdadera independencia de quienes deben fungir como contrapesos del poder.
En los próximos días, el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) llevará a cabo la designación de quien sustituirá a David Gómez Álvarez, actual presidente del CPS, cuyo mandato está por culminar. En este contexto, la Comisión de Selección del SEAJAL ha abierto la convocatoria para elegir un perfil que cumpla con los siguientes requisitos: experiencia verificable en transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; así como conocimientos relacionados con la materia y experiencia en el desarrollo de sus funciones; y por supuesto, gozar de una buena reputación.
Como aspirante a formar parte del CPS (me encuentro registrado en este proceso), confío en que prevalecerán el mérito, la experiencia y la capacidad en la materia, superando las prácticas de “cuotas y cuates”. Es fundamental evitar el desprestigio de un comité ciudadano que tiene un arduo trabajo por delante en la lucha contra la corrupción en Jalisco y en México.
Es momento de que la ciudadanía exija un verdadero cambio en las instituciones y que se garantice que los espacios destinados al control del poder se mantengan independientes, y alejados de las cuotas y los cuates. Solo así podremos construir una democracia sólida y un sistema libre de corrupción.