El presidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson solía decir: “No tomas a una persona que ha estado encadenada durante años, la liberas, la pones en la línea de salida de una carrera y le dices: ‘eres libre de competir con todos los demás’, y sigues creyendo aún así que has actuado de manera completamente justa”.
Corría el año de 1965 y en ese país apenas se libraba una batalla por los derechos civiles. A pesar de haber eliminado la esclavitud desde el siglo XIX, en los años sesenta la discriminación racial aún reinaba, sobre todo en los estados del sur.
Su antecesor, John F. Kennedy, había impulsado un par de años antes la propuesta del Acta de Derechos Civiles como respuesta a las movilizaciones encabezadas por Martin Luther King, con una ley que buscaba garantizar las oportunidades para todos sin importar su color de piel y evitar la discriminación.
Las acciones afirmativas son medidas de protección, a menudo con imposición de cuotas, para favorecer a población históricamente discriminada. Su origen comienza con la discriminación racial, pero casi de inmediato se aboca también a favorecer a las mujeres y a partir de ahí, los países han adoptado estas medidas con distintos grados a fin de garantizar oportunidades a toda su población.
Ese es el origen de las acciones afirmativas que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió imponer a partidos y coaliciones en la campaña electoral, que tendrán que incluir como candidatos para la elección de junio a 21 personas originarias de pueblos y comunidades indígenas (11 de ellas deberán ser mujeres), cuatro personas afromexicanas (tres en distritos más un plurinominal), ocho con alguna discapacidad (seis en distritos más dos plurinominales) y tres candidatos de la diversidad sexual (dos en distritos más un plurinominal).
Además, por órdenes del Tribunal Electoral, esas candidaturas plurinominales tendrán que estar entre los primeros diez lugares de sus listas nacionales para garantizar su llegada al Congreso y que ocurra que, para no cumplir con las cuotas, sean relegadas a las últimas posiciones.
Las acciones afirmativas son necesarias para luchar contra la desigualdad. Siempre han sido polémicas, desde su inicio en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, así que esta vez tampoco será la excepción.
De hecho, el mismo presidente del INE Lorenzo Córdova manifestó su opinión en cuanto a que no era el momento más oportuno de incluirlas.
“No es el momento más oportuno porque, en efecto, las precampañas han avanzado, las convocatorias de los partidos han sido ya emitidas”.
Incluso algunos partidos se han resistido, pero tendrán que acatar esta medida que permitirá la inclusión de esos grupos al próximo Congreso que, a diferencia de la LXIV Legislatura, deberá ser no solo paritaria, sino también más diversa, más incluyente y con representación de grupos históricamente marginados.
De todos depende que así sea porque una modificación legal no es garantía de su cumplimiento y las buenas intenciones podrían terminar en desacatos y pleitos judiciales. Veremos.
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