Quizá la principal incógnita que carcome a la oposición y a los intelectuales liberales y de derecha es tratar de explicar por qué a pesar de todas las debilidades y errores cometidos por Andrés Manuel López Obrador, la confianza en su gobierno se mantiene en altos niveles encuesta tras encuesta, estudio tras estudio, lo que incluso lleva a muchos a descreer de la demoscopía y a sostener que esas encuestas son pagadas.
Habría que hacer al revés el planteamiento, no preguntar por qué se le cree a López Obrador, sino recordar de dónde venimos, de tantos horrores sobrevividos que resulta más fácil creer en una oferta nueva ante un pasado colmado de corrupción, abusos y violencia.
Si algo tiene el actual gobierno es que resulta fácil de leer y es bastante predecible, por eso no sorprende otra apuesta que hace el Presidente basado en su alto nivel de aceptación. Esta semana en el Diario Oficial de la Federación se publicó la nueva Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, una vieja idea que López Obrador dio a conocer desde sus días de campaña.
Incluso aún antes de asumir el gobierno, en la Cumbre de Negocios de Guadalajara ya como Presidente electo, anunció ante los principales empresarios del país la posibilidad de suspender las inspecciones y fiscalizaciones para que los contribuyentes declararan de buena fe.
Hoy ya concretó esa idea en la ley publicada el miércoles 22 de enero. Solo falta que se emita la reglamentación para saber cómo operará esta nueva etapa en la que, para gozar de beneficios y facilidades administrativas, habrá que registrarse en un Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana a cargo de la Secretaría de Economía.
Si funciona o no es una incógnita. En un caso simple de aplicación, el mismo Presidente lo explicó: “Si se trata de un restaurante, sabe que tiene que tener extinguidores, que tiene que tener salida de emergencia... firma su manifestación y se inscribe y ya no tiene por qué ser fiscalizado.”
Eso llevará a “quitar a inspectores de la Procuraduría del Consumidor, de Salud, de Economía, todos los que van de establecimiento a establecimiento.”
Incluso analizan si se puede aplicar para eliminar la lectura de luz, para que los propios ciudadanos midan su consumo de energía y paguen de acuerdo con un tabulador.
El objetivo es fomentar la confianza ciudadana, una tarea crucial.
La misma OCDE ha señalado que la recuperación de la confianza es necesaria para la competitividad y el crecimiento (Government at a Glance, 2013), pero más allá de ello, la confianza permite llevar a cabo reformas que implican sacrificios de corto plazo en pro de un mejor futuro (como las de pensiones o la fiscal, que aún no están en el horizonte pero eso no les quita lo necesario).
Es remoto pensar que esta sola ley convencerá a los escépticos para liberar sus inversiones pero es parte de un paquete que va en sentido correcto, como dicen los expertos de la OCDE: “Cultivar la confianza representa una inversión en la recuperación económica y en el bienestar social para el futuro” (Ibid).
Que funcione conviene a todos, pero eso no lo vuelve una predicción. El tiempo lo dirá.
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