Economía y salud es un binomio difícil de emparejar. Cuidar la segunda sin afectar a la primera es tan difícil como fomentar una y perjudicar la otra, por eso buscar un equilibrio entre ambas es lo que nos toca como sociedad y, para ello, necesitamos alcanzar acuerdos satisfactorios para todos, aunque eso signifique ceder en parte de nuestras demandas o necesidades.
La segunda sala de la Suprema Corte acaba de frenar de tajo los avances en el control de la contaminación de PET y unicel en las ciudades al amparar a dos empresas de Femsa, la poderosa multinacional, principal embotelladora de Coca-Cola en el mundo.
La cadena de Oxxos y la embotelladora Propimex, de Femsa, impugnaron la ley de residuos sólidos de Oaxaca que prohíbe venta, distribución y empleo de envases de PET o unicel de un solo uso, destinadas para bebidas, aprobada en 2019 por el Congreso del estado y que entró en vigor en octubre de 2020, junto con otras leyes vanguardistas que protegen la salud, como la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas (que también se encuentra impugnada).
No se prohíbe el uso del PET en general, sino sólo para bebidas y agua, salvo que fueran destinados para fines médicos, educativos o para la atención humanitaria, según establece el artículo 98 de la ley de residuos sólidos impugnada, es decir, era claro que se trataba de atacar uno de los principales problemas de basura que enfrentan los municipios y en particular Oaxaca, cuyos rellenos sanitarios se encuentran saturados.
El ministro Javier Laynez y la ministra Yasmín Esquivel propusieron y lograron que el resto de la segunda sala (Loretta Ortiz, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán) declararan inconstitucionales las prohibiciones de uso de PET y unicel en ese estado y dieron la razón a las subsidiarias de Femsa.
El argumento es simple, que para las y los ministros el Congreso de Oaxaca no tiene facultades para legislar como lo hizo, que si las empresas usan el tereftalato de polietileno (PET) y el poliestireno expandido (unicel), es porque así se los permiten las normas oficiales mexicanas de embalajes, residuos y bebidas que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con las de Economía y de Salud.
Así que, como pasa con la seguridad automotriz, con la norma hemos topado. Si los legisladores o habitantes de Oaxaca, así como de algún otro de los 32 estados, quieren cuidar la salud de su población y evitar las toneladas de basura que inundan sus tiraderos, deberán pedirle a la Federación que modifique esas normas.
Algo similar ocurrió hace poco más dos décadas, cuando los asambleístas del entonces Distrito Federal, preocupados por el medio ambiente y las miles de botellas de PET que se generan, querían que la Ciudad de México regresara al uso de botellas de vidrio para las bebidas y a la práctica de dejar un importe
para retornarlas.
Ante esa posibilidad, los empresarios se organizaron y crearon Ecoce, la recicladora de PET con que, con el argumento de “promover el manejo ambiental del PET con un esquema de responsabilidad compartida”, consiguieron impedir la entrada en vigor del importe y se frustró la posibilidad de volver a la cultura del retornable. Si esa ley local hubiera pasado, la historia que hoy estaríamos contando sería, sin duda, por completo diferente.
Héctor Zamarrónhector.zamarron@milenio.com
@hzamarron