El problema de movilidad en Tijuana va mucho más allá de los autos chocolate, es decir, de la regularización de medio millón de vehículos antiguos prometida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la colonia Sánchez Taboada, en las lomas de Tijuana, el 27 de junio.
Para empezar, porque medio millón no llega siquiera a la mitad de los hay en circulación. La Canaco local estima 1.2 millones de autos chocolate que generan problemas económicos, legales, sociales y ecológicos.
Tijuana lleva décadas de convivir con esos autos y su regularización se vuelve periódicamente promesa de campaña, dádiva política, demanda social, fuente de corrupción y un conflicto económico que ha hecho quebrar a los distribuidores de autos nacionales.
La introducción irregular de estos vehículos desde Estados Unidos, un promedio de 200 al día, ha provocado que se utilicen para el crimen organizado pues no hay rastro alguno de ellos ni de quién los conduce.
Tan sólo por eso importa regularizarlos, el punto es cómo hacerlo.
Un aspecto a cuidar es garantizar que Tijuana no se convierta en surtidor para el resto del país, cómo pasó en los años 90 y en los primeros 2000, cuando había verdaderas caravanas rumbo al centro y sur, además de marchas y plantones continuos de organismos como la CNC, con demandas para regularizarlos.
En aquella época se permitió la introducción de pequeñas camionetas para apoyar las labores del campo y el resultado fue que las ciudades mexicanas se fueron llenando de vehículos de segunda mano, inseguros, contaminantes y desechados por el mercado estadunidense
Ese flujo paró en 2011 cuando se publicó el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, ligeros y pesados, que frenó el flujo de esas carcachas que abundaron en los gobiernos de Fox y Calderón, quienes avalaron esa avalancha.
Tijuana tiene problemas iguales o más serios que los vehículos chocolate. Esa ciudad ha seguido un modelo de desarrollo urbano que desplaza a la población de bajos recursos hacia las montañas que rodean el río Tijuana, instalados en terrenos de difícil acceso y dónde el tejido social se encuentra deteriorado o de plano roto.
La colonia Sánchez Taboada es un ejemplo. La Sedatu lleva dos años invirtiendo en proyectos de desarrollo social como parques lineales, recuperación de barrancas, canchas deportivas y centros sociales en esa y en otras colonias de Tijuana, pero la violencia no para.
Son obras muy necesarias y bienvenidas pero que resultan apenas una gota de agua en el mar de una ciudad desigual, desarticulada y con un transporte público caro y escaso.
El verdadero reto será a dónde se van las inversiones los próximos años en esa ciudad. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene proyectos para construir segundos pisos y obras millonarias destinadas a perpetuar un modelo de desarrollo urbano que se ha revelado fracasado, que pertenece a una visión del siglo 20, que no entiende que lo que se requiere es mover personas no vehículos.
A Tijuana, tan interesante, tan atractiva, le esperan muchos años de sufrimiento en movilidad, por ahora, la suerte está echada. _
Héctor Zamarrón
hector.zamarron@milenio.com
Twitter: @hzamarron