Señoras y señores, han arrancado las "campañas electorales" para renovar la Gubernatura Mexiquense generando escenarios interesantes para la "prospectiva política-electoral"; es una etapa sustancial en la que se pondrá a prueba –una vez más– la salud de nuestro "Sistema Político". La excelencia, calidad y el éxito de un Proceso Electoral en el que se cumplan –y en su caso– se hagan cumplir los "Principios constitucionales y legales" depende de todos: ciudadanía, entes y actores políticos pero, principalmente, de las instituciones electorales; la solidez de éstas radica en la capacidad, liderazgo e inteligencia –de grado– eminente de los responsables de todas ellas (institutos, tribunales y fiscalías electorales de naturaleza local o federal) y se comporten como verdaderos árbitros. La organización, desarrollo y vigilancia de la elección de gobernador demanda las "mejores prácticas" y "responsabilidad de Estado" de quienes encabezan los subsistemas de "Partidos, Electoral y Gobierno".
Los mexiquenses exigimos la garantía de un proceso donde esté vigente nuestro Estado de Derecho constitucional y democrático, en el cual el "conflicto", derivado de la competencia electoral, se encauce eficazmente por el "proceso integrador", a fin de que la credibilidad y la confianza inviten a sufragar a la mayoría de los electores. Los habitantes del Estado de México queremos elecciones legales y legítimas, donde la propaganda incite al "voto informado y razonado" y partidos políticos, coaliciones, candidatos independientes, dirigentes, militantes, simpatizantes, etc. estén a la altura de lo que la sociedad necesita: desarrollo sustentable y calidad de vida.
Como siempre, el tema estrella de las elecciones es el de los "dineros" que financian las campañas y la forma de justificarlos, es decir, su fiscalización. Todo lo demás es secundario, salvo el origen, volumen y destino de los "recursos públicos y privados" (legales y legítimos) que las fuerzas y actores políticos utilizan para pedir el voto; recordemos que para que una elección sea válida debe desarrollarse de manera libre y auténtica y el voto ha de garantizarse de forma universal, libre, secreta, directa, personal e intransferible.
La administración y jurisdicción electoral sin "debido proceso" son solo un Ideal sin Justicia, allí radica la importancia de que nos sumemos participativamente (observancia, crítica, etc.) al proceso electoral que renovará la gubernatura; pues el "conflicto" es el cáncer del proceso constitucional y democrático, si no se elimina se pudre y muere. Exijamos de autoridades –especialmente de las electorales– el "control preventivo y correctivo" durante las campañas, pues en su función del deber inexcusable es que todos los involucrados en las elecciones tengan la elegibilidad para participar en ellas, así como de comportarse y ostentarse en concordancia con nuestro bloque de constitucionalidad-convencionalidad; pues todo proceso –y más aún el electoral mexiquense– debe ganarse el nombre de "debido" y el apellido de "justo-equitativo".