En mis columnas de la semana pasada te comentaba que durante este sexenio el gobierno federal gastó alrededor de 240 mil millones de pesos en servicios de tecnologías de información y comunicación, cifra que parece un exceso si se toman en cuenta los servicios deficientes y poca inteligencia que desarrolla (salvo el SAT) la administración pública federal. El asunto no es que se gaste mucho, sino lo que se gasta es ineficiente, pues cientos o miles de millones de pesos se fueron por el caño de la corrupción o la incompetencia de servidores públicos y empresas del sector.
El modus operandi de la transa fue mediante la simulación de estudios de mercado para que solo pudieran participar algunas empresas en las licitaciones, las cuales (obviamente) estaban diseñadas para imponer condiciones que solo cumplirían una o dos empresas a las que se les entregaban contratos con costos inflados, pues las firmas de tecnología vendían a precios de lista, cuando en realidad las empresas ofrecen descuentos que en promedio son de 40 por ciento y en otros casos llegan a descontar hasta 90 por ciento del valor original.
Por eso las ofertas resultaban tan caras y los proveedores del servicio a veces no eran los más capacitados para darlo, pues lo ganaban quienes se mochaban mejor con el funcionario, lo que generaba disputas legales entre los concursantes. Así hay muchos casos, como el contrato para la Administración de Puestos de Servicio 3, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que se están disputando dos empresas.
Mis amigos chismosos afirman que la empresa Centro de Productividad Avanzada (Cepra), de Joel Sánchez, está peleando con todo para que se le permita seguir operando el contrato durante más de un año, pese a que se terminó anticipadamente una vez que el Órgano de Fiscalización Interna del SAT detectó irregularidades en la adjudicación y otorgó un nuevo contrato a Mainbit, empresa que, hasta el momento, no ha podido instalar los equipos, pues Cepra se niega a retirar sus computadoras.
Historias como esas se repitieron muchas veces en los dos últimos sexenios, incluidas también acusaciones contra jueces que juegan a favor de los licitantes incumplidos, razón por la cual urge acabar con la transa e impunidad en la compra de tecnología.
Bien portados
Para nosotros los pejelovers, chairos o pejenacos hablar bien del Grupo México pudiera ser una herejía, pero es justo mencionar el programa Casa Grande, que desde 1997 favorece el desarrollo comunitario en las zonas donde tiene presencia. En 2017 beneficiaron a 122 mil 274 personas de 16 comunidades de 11 estados, donde sigue mejorando la calidad de vida de las personas mediante la iniciativa Proyecto Voces, a través de talleres y cursos de educación, salud, juventud y cultura.
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