Desde los años ochenta la empresa Vulcan Materials Company inició la extracción de piedra caliza, convirtiéndose en una de las canteras más grandes de América, la caliza producida era enviada a varios mercados, principalmente en la costa estadounidense del Golfo de México; materiales de relleno para carreteras y construcciones.
El pequeño gran detalle es que esa caliza era extraída del suelo de uno de los paraísos naturales más valiosos ambiental, económica, cultural y socialmente para nuestro país: la península de Yucatán, específicamente en las costas y porciones continentales colindantes de nuestro mar Caribe; entre hoteles de 5 estrellas, cenotes sagrados, zonas arqueológicas y una de las biodiversidades más impresionantes y bastas del continente que constituye hogar de jaguares, monos araña, pecaríes, otras especies en riesgo y peligro de extinción.
Los cientos de detonaciones que se realizaban provocaron el colapso del suelo y que aparecieran cuerpos de agua artificiales, causando daño irreversible a los sistemas subterráneos de agua de una región con una fragilidad hídrica por las características de su suelo, solo del año 1985 a 2022 se registró la transformación de 926 hectáreas (ha), algo así como 1,800 campos de fútbol.
Cuando lo anterior se había normalizado, comunidades locales alzaron la voz y en 2023 surgió un movimiento local que exigió parar las actividades mineras de explotación; ¿el argumento?, ellos vivían en ese territorio y estaban siendo afectados por esas actividades, por lo que exigieron su derecho a vivir en un medio ambiente sano y sin afectaciones a su salud y entorno.
Sí bien ya existían antecedentes de oposición a esa actividad, una estrategia de financiamiento de “iniciativas” sociales y ambientales por parte de la empresa dueña de la mina permitió su funcionamiento sin sobresaltos por más de 40 años.
En ese marco, con la llegada del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador y el desarrollo de una de las políticas de conservación ambiental más ambiciosa de los últimos años (50 Áreas Naturales Protegidas (ANP) declaradas en su periodo con la protección de más de 8 millones de hectáreas), se tomó la decisión de proteger ese territorio.
El 23 septiembre del 2024, se decretó el ANP Felipe Carrillo Puerto en una superficie de 53,227 ha en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Tulum en el estado de Quintana Roo, de las cuales 2,300 ha corresponden a los predios de Calica. El decreto fue declarativo no expropiatorio por lo que la empresa nunca perdió sus derechos sobre la propiedad de la tierra.
La creación de esta ANP se sustentó en la búsqueda de proteger el valor ambiental de las selvas tropicales, restaurar el patrimonio natural, proteger el flujo y hábitat de las especies en donde cinco de los seis felinos que habitan nuestro país están presentes, y recuperar los mantos freáticos degradados; no solo pensando en el hábitat en sí mismo, sino por, para y con las comunidades locales.
Por ello, desde 2018 un diferendo legal con la empresa dueña de Calica llevó a juzgados internacionales de arbitraje distintos actos administrativos en materia ambiental, en los que nuestro país ha tenido un desempeño ejemplar y que resultaron en una primera victoria procesal.
El pasado 27 de julio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, que lleva el caso de arbitraje internacional interpuesto por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company en contra de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto a favor del territorio, las comunidades y el Gobierno de México, un largo proceso legal que en el fondo implica resolver sobre dos visiones distintas del futuro de más de 2,300 ha en los municipios de Solidaridad y Cozumel, Quintana Roo.
Ya que el Tribunal Arbitral del CIADI desestimó las reclamaciones planteadas por Vulcan, que exigía una indemnización de alrededor de 1,700 millones de dólares por las medidas de adoptadas por el Gobierno de México entre 2018 y 2022, vinculadas a los daños ecológicos causados por la mencionada compañía.
El fallo del CIADI implica hasta ahora excelentes noticias para el Estado Mexicano, que hoy celebramos todas instituciones y personas implicadas en el largo proceso de defensa que comenzó en la administración del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador y que hoy continúa con la presidenta, Claudia Sheimbaum Pardo.
Esta resolución es un mensaje de respeto a nuestra soberanía, al derecho a un medio ambiente sano en nuestro país, pero sobre todo a las comunidades locales organizadas, en el que se muestra que si se construyen alianzas por el interés común, hay veces que David puede vencer a Goliat, entre manglares, palmeras jaguares y cantos de los monos aulladores.
Humberto Adán Peña Fuentes,
Director de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la CDMX
Ex Titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.